A nadie se le escapa que tanto en España como en el resto de la Unión Europea los agricultores y ganaderos vivimos momentos de incertidumbre ante la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
En los próximos meses se debería fijar el presupuesto agrario para el período 2014-2020, y dependiendo del dinero que se destine a esta reforma así tendrán que ser las exigencias y condiciones en las que tengamos que seguir produciendo alimentos.
Siendo veintisiete países tan diferentes los que están sujetos a esta reforma no es conveniente que se simplifiquen los datos sobre las ayudas que recibimos los agricultores y ganaderos si queremos que se legitimen los pagos a los productores.
Si somos ATP o no lo son, si están jubilados o no lo estamos, son algunas cuestiones que en este período los gobiernos deberían tener muy en cuenta. De hecho, dependiendo de lo que se haga y qué modelo se apoye seguirá habiendo más o menos agricultores y ganaderos y por ende tendremos más o menos población en el medio rural.
En Castilla y León de las 89.500 solicitudes de la PAC solo 36.500 corresponde a los agricultores o ganaderos a título principal -ATP-. Esto significa un 41%. El 59% restante, 53.000 solicitudes, no lo son, bien por tener otra actividad profesional o bien por ser jubilados.
Otro dato importante a tener en cuenta, y que las administraciones deberían valorar en su justa medida si de verdad apuestan por el relevo generacional, es el de los tramos de edad de los perceptores de la PAC.
El 32% de los que solicitan la PAC tienen más de 65 años. Entre 45 y 65 años hay un 40% de solicitantes, mientras que tan solo un 20% son menores de 35 años, por lo que estas cifran nos dan un idea clara del grado de envejecimiento del sector, y la inmovilidad de la tierra para dimensionar adecuadamente las explotaciones.
Algunos políticos tratan de justificar los duros recortes al sector agrario poniendo ejemplos de explotaciones que no se ajustan a la realidad con ingresos elevados de ayudas de la PAC más los ingresos por venta de producción sin tener en cuenta los costes de producción, amortización de maquinaria, almacenes y otras cuestiones... Y eso cuando menos confunde a los ciudadanos y molesta a los agricultores y ganaderos.
La labor de los políticos ahora más que nunca debería ser hacer política agraria en mayúsculas. En lugar de aplicar tan duros recortes en seguros agrarios y ganaderos, remolacha, regadíos, modernización de explotaciones y un largo etcétera más... que lamentablemente contribuirá a tener un sector agrario menos competitivo y más envejecido, lo que deben hacer es apostar por el modelo social agrario.
