Luego dicen que hablamos de más, que metemos los dedos, que engordamos las cifras, que calentamos el ambiente. Pues, ya ve usted, el Consejo General del Poder Judicial ha hablado, ofreciendo datos que empequeñecen los que acercamos al lector desde las informaciones y artículos de opinión. El CGPJ se muestra muy sensible en el tema de los desahucios y ha elaborado una estadística que no tiene desperdicio y que deja muy mal paradas a las entidades de crédito y ahorro que están detrás de este fregado del que se dijo que se iba a solucionar y sin embargo sigue un crescendo que se me antoja imparable.

Es un escándalo. Los desahucios acaban de batir un nuevo récord. Efectivamente, los procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas, más conocidas como desahucios (palabra maldita donde la haya), presentados en los juzgados españoles entre enero y septiembre de 2012 ascendieron a 49.702. Así ha quedado reflejado en la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborada por el CGPJ. Sin duda alguna, una cifra récord desde que se difunden estos datos y un 15,9% más que los registrados en el mismo período de 2011.

Si todos a una nos negáramos a trabajar con las entidades desahuciadoras, a buen seguro que se lo tenían que pensar dos o tres veces. Quienes deben presionar, quienes deben hacer fuerza son las distintas instituciones patrias. Estamos esperando verles algún que otro detalle que nos reconcilie con ellas. Pero ni por esas, algún conato, alguna manifestación, alguna llamada de atención del Gobierno de España y poco más. Total que los que desahucian siguen en su empeño mientras los desahuciados siguen empeñados de por vida porque lo de la dación en pago parece un chiste de mal gusto.

La Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid se llevan la palma, pero las demás comunidades tampoco se quedan cojas al respecto. Las cifras no pueden ser más escalofriantes. Hablamos de incrementos en el desalojo cuyos porcentajes van del 23,2% al 48,1% y más. Detrás de todo esto se encuentran, como causas principales, la crisis económica y el elevado desempleo, que están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de viviendas al no poder hacer frente al pago de sus deudas. Ni un solo banco, ni una sola caja, ha tenido el detalle, con la que está cayendo, de cerrar los ojos y aguantar sin ejecutar. A ellos que más les da si hay ancianos, bebés o niños menores de edad.

El Gobierno ha aprobado un decreto que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos vulnerables. Pero como todavía no se han visto resultados no podemos cantar albricias. Además, la oposición política, los consumidores y afectados e incluso el sector judicial han criticado la norma aprobada por el Ejecutivo dudando de su eficacia. Es lo que tienen las mayorías absolutas, se pierde la capacidad de escuchar, la otra de ver la realidad y la de comprender que resulta de vital importancia. Lo cierto es que mientras se debaten las medidas a tomar, los desahucios siguen su curso imparable, hasta el punto de haber batido un nuevo récord histórico. ¿Hasta cuándo, señor presidente?