Caja España-Duero será finalmente recapitalizada mediante la inyección directa de dinero por el Estado. Se hará a través del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), dependiente del Banco de España, con cargo a los fondos que la UE ha puesto a disposición de España para la reconversión de parte del sistema financiero nacional. Es el punto y seguido a la deriva iniciada hace dos años con la fusión de ambas entidades y las posteriores y rocambolescas negociaciones con la andaluza Unicaja, actualmente en punto muerto.
Caja España-Duero, heredera de la desaparecida Caja Zamora y otras cajas, es la primera entidad financiera de Castilla y León en depósitos, posición que ocupa también en la provincia de Zamora. Los zamoranos y sus instituciones tienen depositados en ella 2.000 millones de euros, aproximadamente, y su red de oficinas da empleo en toda la provincia a unas 300 personas. Así pues, no es necesario incidir en la relevancia de su futuro para toda la comunidad y para Zamora.
Esta nueva inyección de más dinero público -ha recibido ya otros 525 millones- se hará directamente a Caja España de Inversiones, Ceiss, el banco al cual la Caja, trasformada en fundación, ha traspasado todo su negocio financiero. E implicará, inevitablemente, nuevos planes de ajuste, pues es una de las condiciones que imponen las autoridades comunitarias para facilitar los fondos. Ajustes que vendrán a sumarse a los ya acometidos a raíz de la fusión de Caja España y Caja Duero, materializados en la provincia en la pérdida de un centenar de empleos y el cierre de decenas de sucursales.
La Caja aprobó el viernes presentar a las autoridades comunitarias un plan que contempla recibir 600 millones de dichos fondos europeos, cerrar 250 oficinas y reducir un millar de empleos, como aspectos más reseñables. Bruselas debe darle el visto bueno el próximo jueves, un día después de que se pronuncie el Banco de España. De ser aprobado, el Estado pasaría a controlar el 30%, aproximadamente, de la Caja, que quedaría así a expensas bien de cerrar su fusión con Unicaja u otra entidad, bien de ser subastada o vendida, dado que la tercera opción, la de seguir en solitario, está en la práctica descartada por más que legalmente sea aún posible.
La decisión del Banco de España hay que enmarcarla, además de en la crítica situación de la entidad castellanoleonesa, necesitada de una inyección de capital que la auditora Oliver Wyman ha elevado hasta los 2.000 millones de euros, en el tira y afloja que mantiene desde hace más de un año con la andaluza Unicaja para conseguir lo que la primera llama una fusión y la segunda denomina abiertamente una compra o absorción. El presidente de la entidad andaluza, Braulio Medel, pretendía fusionarse con Caja España-Duero después de que esta hubiese traspasado sus activos tóxicos inmobiliarios al llamado banco malo, hubiese sido recapitalizada y una vez aprobados y realizados los ajustes de oficinas y plantilla. Es decir, el mismo esquema de Ibercaja con Caja3. En la entidad resultante la caja castellanoleonesa iba a tener inicialmente un 30% del capital, porcentaje que después de conocerse las auditorías quiso bajar a menos de un 10%.
Ahora, con la inyección de capital público, Unicaja se plantea absorber a la castellanoleonesa, caso en el cual la Caja quedaría con una presencia residual en el Consejo de Administración, a cambio de conservar gran parte de la obra social y cultural.
De ahí que tanto sus responsables como la propia Junta de Castilla y León se aferren a que las negociaciones en pos de un acuerdo aún no están rotas definitivamente. La opción que ha quedado definitivamente descartada es la de recapitalizar la entidad mediante los convertibles contingentes, los conocidos «cocos», como estaba previsto inicialmente.
Pase lo que finalmente pase, el de Caja España-Duero es el último capítulo de la ensoñación de la Junta de Castilla y León por tener un «músculo financiero» regional, como pomposamente lo definió. En solo cuatro años cuatro cajas provinciales más han ido a caer en manos de otras entidades, ninguna de ellas de la región: Caja Burgos se ha integrado en Caixabanc, las de Ávila y Segovia están englobadas en la nacionalizada Bankia, y la burgalesa Caja Círculo está pendiente de recibir ayuda pública en su nuevo destino, Caja3, que a su vez espera ser comprada por Ibercaja. No es de extrañar el carpetazo de oratoria con que el pasado jueves quiso zanjar el desastre financiero autonómico el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, al término del Consejo de Gobierno, cuando dijo lo siguiente: «No es bueno mirar para atrás, hay que olvidar. Para ser feliz es bueno que la memoria sea frágil».
Desgraciadamente, lo ocurrido con las cajas castellanoleonesas no es ninguna excepción. Lo mismo ha ocurrido con las demás, salvo honrosas excepciones. La comunidad de Valencia ha perdido todo su sistema financiero, literalmente, y otras como Galicia están a punto de pasar por el mismo trance. La crisis no es la única causa, por más que haya quien esté interesado en que así parezca. La mala gestión de sus responsables, en su mayoría obnubilados por la fiebre del ladrillo, y las injerencias de los políticos sentados en sus consejos de administración han acabado con unas entidades esenciales durante décadas para el desarrollo de los territorios donde operaban tanto en el aspecto financiero como en el de su obra social y cultural, ahora también en peligro.
