Dos estados que políticos y comentaristas invocan con frecuencia; como la libertad, hay que conquistarlos cada día. Se fundamenta el Estado de derecho en el imperio de la Ley, en la inalterada disposición para respetar y cumplir los preceptos. Entonces, mal podemos presumir de vivir en un Estado de derecho, cuando ciertas leyes son despreciadas y conculcadas con desafiante terquedad y manifiesta impunidad. Ayer el señor Urkullu prestó juramento como nuevo lendakari, junto al simbólico árbol de Guernika. Hay que desearle el éxito que merece y que Euskadi y España necesitan. No se disculpó en imperativos legales; se comprometió a gobernar con lealtad a la Corona y respeto a la Constitución y el Estatuto; compromiso que resta fuerza a enunciados más ambiciosos que realistas. Así de simples parecen y son estas cosas cuando se aceptan con el debido talante. Es lógico que el juramento del flamante lendakari traiga el recuerdo de otros olvidados por los que con la solemnidad propia del caso los prestaron. El juramento es un paso honroso si se cumple; lo contrario suena a perjurio, a quebrantamiento de promesa y fraude al confiado elector. No es necesario argumentar hasta qué punto obliga el compromiso de respetar y hacer respetar los preceptos constitucionales; el gobernante no solo debe sumisión a las leyes: ha de imponer el cumplimiento al que se muestra renuente a respetarlas. Bien podría ser considerado torpe tartufismo mentar el Estado de derecho cuando no se vela eficazmente por el cumplimiento de las leyes.

Lágrimas de cocodrilo por el perdido estado de bienestar. Se consiguió con el esfuerzo de todos, y juntos hemos de afanarnos en la dura tarea para recuperarlo; porque el estado del bienestar es una situación compartida. Recordamos las vacas gordas en estos atribulados tiempos de penuria nacional parece crueldad inútil y maniobra politiquera más que acicate eficaz para salir del angustioso trance. No ayuda el enloquecido rifirrafe político de todos los días. Las huelgas infinitas en número y las algaradas callejeras no consiguen que cambie la política del Gobierno, porque la apremiante realidad no permite volver a experiencias fallidas.

Además, en una situación de pobreza como la presente, podría interpretarse que los huelguistas tiran piedras a su propio tejado. Nadie discute el derecho a la huelga, justamente proclamado en la Constitución; pero todo derecho tiene que ser ejercido con racional oportunidad, porque nunca debe acarrear más perjuicios que ventajas. Son muchos los millones de euros que se pierden por causa de las huelgas; con el consiguiente empobrecimiento de las empresas. Demos por válido que la dirección del Metro madrileño se ha visto forzada, por la crisis que todo lo daña, a reducir gastos y efectuar dolorosos recortes; entonces está claro que los costes de las huelgas pesarán sobre la economía de la empresa y consecuentemente influirá contra los legítimos intereses de los huelguistas que acaso un día se verán obligados a bajar el tono de sus exigencias. La moraleja es lamentablemente lógica: primero, vivir, garantizar la sostenibilidad de las empresas; pasada la tribulación, tiempo habrá para exigir lo justo.

Acaso me equivoque, pero pienso que en esta misma línea podría interpretarse la atinada y responsable declaración de Fernández Toxo, secretario general de CC OO. Ha denunciado una evidencia: la tremenda confusión y alboroto en torno al conflicto laboral. Aconseja diálogo, consenso y acuerdo entre las partes implicadas. Como suele decirse, se trata de una postura civilizada y honesta. Entonces... manos a la obra, que el movimiento se demuestra andando y el señor Fernández Toxo tiene en sus manos el pandero.