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¿Transparencia? ¿Qué transparencia?

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¿Transparencia? ¿Qué transparencia?
¿Transparencia? ¿Qué transparencia?  

JOAQUÍN RÁBAGO Hay noticias relegadas muchas veces a las páginas interiores que merecerían, sin embargo, las primeras de los periódicos porque ponen de relieve el tipo de sociedad a la que nos encaminamos poco a poco.

Una de ellas es la que contaba la suerte corrida por Access Info Europe, una organización que lucha por la transparencia informativa, y que ha sido condenada por el Tribunal Supremo de nuestro país a pagar 3.000 euros de costas por una pregunta formulada hace ya cinco años a la presidencia del Gobierno sobre qué medidas había adoptado nuestro país para luchar contra la corrupción.

El Gobierno, concretamente el Ministerio de Justicia, optó por el silencio administrativo, y el Tribunal Supremo, al que recurrió la ONG tras un dictamen adverso de la Audiencia Nacional, según la cual la Administración no estaba obligada a informar a los ciudadanos sobre cualquier materia, ha terminando fallando en el mismo sentido y condenando de paso a pagar cara su malsana curiosidad. Y ello en contraste con países como Argentina o Colombia, que respondieron positivamente en su día a una demanda similar.

El mismo día se publicaba, también en páginas interiores, la noticia procedente de Grecia de que un periodista de investigación de ese país llamado Kostas Vaxevanis iba a ser procesado por divulgar en la revista quincenal que dirige una lista en la que figuran los nombres de más de dos mil griegos, entre ellos al menos tres políticos, que tienen cuentas bancarias en Suiza.

La lista, entregada en su día por la exministra de Economía francesa y hoy directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, al Gobierno griego, demostraba de modo fehaciente la existencia de un fraude fiscal a gran escala en un país en el que, como en otros muchos, la evasión de impuestos es algo así como un deporte nacional, o al menos un deporte de empresarios y de ricos.

En lugar de perseguir al delincuente, se pretende castigar, y duramente, al que denuncia el delito. Como ocurre con el exempleado del banco HSBC en Ginebra Hervé Falciani que obtuvo esa lista de evasores griegos, franceses, italianos, españoles, alemanes, británicos y estadounidenses, y al que las autoridades helvéticas, tan celosas de su lucrativo secreto bancario, acusan de espionaje económico y revelación de secretos y solicitan su extradición a España, donde fue detenido el pasado julio.

¿No merece ese exempleado de banca, más que la cárcel, un monumento? ¿O eso de perseguir el fraude fiscal no es más que retórica vacía de la boca de nuestros políticos? O, como decía la canción de la italiana Mina: «Parole, parole, parole».

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