EDITORIAL

El insoportable peso de las administraciones en la economía zamorana

De los 62.000 zamoranos que figuran como ocupados en la última Encuesta de Población Activa, más de 11.500 corresponden a empleados públicos

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De los 62.000 zamoranos que figuran como ocupados en la última Encuesta de Población Activa, más de 11.500 corresponden a empleados públicos. Más de la mitad trabaja para la Junta de Castilla y León y otra cuarta parte está vinculada a las administraciones locales, entre ayuntamientos y Diputación. La Administración es, de lejos, la mayor empleadora de la provincia. La falta de expectativas llevó a muchos zamoranos por el camino de las oposiciones para hacerse con un puesto de trabajo seguro, pero abundaron los casos en los que las plantillas se inflaron de manera artificial. Nunca se pensó en que llegarían épocas en que los recortes amenazaran, más allá de la congelación salarial, a los empleos «para toda la vida» y las administraciones siguieron adelante con la creación de puestos de trabajo, funcionarios, interinos y asesores de confianza que, en un contexto de recortes profundos como a los que se enfrentan dichas instituciones, resultan imposibles de mantener. Solo en el Ayuntamiento de la capital, el capítulo de personal supone un gasto de más de 20 millones, la tercera parte de su presupuesto anual para este año.


A menudo, los empleados públicos se convierten en objetivo fácil por sus supuestos privilegios en tiempos en los que conseguir un empleo, por precario que sea, se convierte en una misión imposible para millones de personas. Tan elevado porcentaje de empleo fijo en una provincia podría hacer pensar en un consumo a salvo de los vaivenes que llevan aparejados colectivos más vulnerables a la crisis. Pero, en realidad, solo un puñado de funcionarios ostenta los niveles con los sueldos más altos. A ello cabe añadir la situación de la construcción, la más afectada por el desempleo tras la caída en picado del sector y, sobre todo, la destrucción acelerada de puestos en los servicios, con clara traducción negativa en el comercio y, desgraciadamente, también en el turismo, según los últimos estudios publicados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El triángulo de la economía zamorana se va a pique sin que existan claras alternativas, a pesar de los pasos dados en otros campos como la industria agroalimentaria, insuficiente aún como para servir de base para propiciar un cambio sustancial.


Porque si una parte de la sociedad zamorana encontró acomodo como parte de la maquinaria burocrática, la que, por definición, estaba destinada a estimular la economía con sus empresas privadas, ha dependido también hasta ahora de las alforjas públicas para garantizar su rentabilidad. La Administración era pagadora tardía pero segura. Solo que cuando fallan otros recursos y los plazos se demoran demasiado, años, como ocurre con algunos municipios zamoranos, llega el desastre. En medio del marasmo financiero son miles los empresarios atrapados por los impagos, varios de ellos los que han tenido que recurrir a los despidos o al cierre del negocio.


La opacidad consumada de todas las administraciones a la hora de reflejar su nivel de gasto ha sido, en parte, disipada al tener que ofrecer datos para acceder al rescate decretado por el Gobierno. Se cuentan con los dedos de una mano los ayuntamientos zamoranos que no han tenido que echar mano del fondo de 35.000 millones dispuesto para pagar a acreedores. Más de 20 millones de euros para toda la provincia, 15 de ellos para el Ayuntamiento de la capital. Entre las cifras ofrecidas en la relación de deudas sorprenden las cantidades acumuladas en algunos municipios de pequeño tamaño como el caso de Galende, con más de un millón de euros adeudados a proveedores. Cada uno de los menos de 1.300 de sus habitantes debe casi 700 euros a los proveedores. Puede que sea cierto aquello de que unos, como Peleas de Abajo, llevan la fama, mientras otros la cardan con dinero del contribuyente.


La factura que deberá pagar Zamora por el despilfarro público resulta abrumadora. El equipo de Gobierno de la capital zamorana ya reconoce que los presupuestos se verán comprometidos los próximos diez años por lo que no es otra cosa más que préstamo con capital público, es decir, otra vez dinero de todos. A las administraciones no les queda otro remedio que emprender acciones que deberían haberse puesto en marcha hace ya tiempo, como su propia reestructuración, lo que implicará en algún caso medidas dolorosas en materia laboral. Pero hay cambios inevitables que se siguen demorando peligrosamente. Transcurrido un año desde las elecciones autonómicas, la reordenación territorial todavía está en conversaciones preliminares. Otras comunidades, como Galicia, ya han tomado la delantera en la unión de ayuntamientos. Será difícil de entender, pero todo apunta a que, a estas alturas de la crisis, ya nada es intocable y la Administración no es garante de nada, ni siquiera del empleo.


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