Durante los buenos tiempos, esos tan lejanos ya aunque apenas han pasado desde entonces tres años y medio, la gente no se creía pobre cuando no tenía dinero sino cuando no tenía deudas. Parecía que alguien que no debía dinero a los bancos no era persona de fiar ni con futuro. Ibas a por una hipoteca y te ofrecían, además, crédito para cambiar el coche o los muebles, o lo que se quisiese. De aquella fiebre del oro fácil no se libraron, sino todo lo contrario, las administraciones, cuyos dirigentes políticos entraron a saco, como nuevos ricos que eran, en aquella dinámica del gastar por gastar, con el agravante, en su caso y frente a las deudas, de la filosofía práctica del que venga detrás que arree.
Luego, de repente, y sin que nadie hiciese caso a las voces que advertían del riesgo que se estaba corriendo -el Banco de España reiteró que los españoles eran los más endeudados de Europa- llegó la crisis y pasó lo que pasó y lo que está pasando, con las consecuencias que se sufren, reforma laboral incluida con la que se pretende, se dice desde el Gobierno, crear muchos puestos de trabajo. Muchos se necesitan, en verdad, con cuatro millones y medio de parados, pero hoy por hoy parece más fácil que siga creciendo el desempleo que crear empleo, salvo los casos coyunturales.
Quienes más deuda arrastran, aunque bien diferentes de las que sufren los particulares, son las instituciones y muy especialmente los ayuntamientos. En los grandes, medianos y pequeños municipios se encuentran débitos desmedidos. En aquellos alegres años de comienzos de siglo hasta los pueblos se lanzaron a gastar lo que no tenían y en Zamora tenemos el pueblo con mayor deuda de España. De lo que pasa ahora es también una buena muestra el Ayuntamiento de la capital que tendrá que abonar, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno, 17 millones de euros en facturas que se adeudan en algunos casos desde hace muchos años. Nada menos que 3.500 facturas que se deben a 860 acreedores, empresas grandes y pequeñas, y muchos autónomos que esperan poder cobrar por fin lo que se les debe.
No es de recibo, sencillamente, porque mientras la institución local no pagaba a nadie, había dinero para subvenciones al voto cautivo, para gastos de protocolo, para viajes, para crear una extraña sociedad de turismo fracasada y endeudada, y por supuesto para los políticos, tanto los que estaban y están en el poder como en la oposición. Para poder pagar estas deudas, algunas de las cuales han creado serios problemas a los proveedores, y que son ya inaplazables, habrá que recortar todas las partidas municipales durante diez años. O volver a subir los impuestos, que es lo que acabará ocurriendo. Pero ya verán qué poco se recortan los salarios de los políticos y sus privilegios añadidos, que son tantos.
A ver si al menos lo ocurrido sirve de lección. El Gobierno parece que está en ello y que no permitirá los irresponsables dispendios de dinero público que se han venido prodigando hasta la fecha por parte de los ayuntamientos. Son las administraciones regionales y las locales, junto a otras causas conocidas, las que han agravado con sus descontrolados débitos la crisis que se sufre.
