No hace ni cuatro meses de la victoria electoral del Partido Popular y menos de tres desde la formación del actual Gobierno. Ni tan siquiera han transcurrido los 100 días de cortesía que tradicionalmente se les dan a todos los Gobiernos para tomar posesión, realizar los necesarios cambios en los departamentos ministeriales y comenzar a aplicar las políticas que previamente se han diseñado. No obstante, ya han sido muchas y muy variadas las medidas tomadas y las reformas puestas encima de la mesa para que consigamos entre todos, en el más breve plazo de tiempo posible, y con el menor coste para los españoles, salir de la profunda crisis en la que nos encontramos.
A nadie se le escapa que el esfuerzo es y será titánico, que nuestros socios comunitarios necesitan ver un gobierno fuerte, un país unido y un rumbo claro y fijo para volver a confiar plenamente en nuestras capacidades, en un momento en el que corre peligro incluso la propia estabilidad de la eurozona.
No es tarea nada fácil conseguir la confianza necesaria para que se reactive nuestra economía, que el crédito fluya y se puedan financiar las iniciativas empresariales que vuelvan a crear empleo, administrando la herencia envenenada de casi 8 años nefastos del Gobierno socialista.
Muchos, quizá demasiados, de los más de 5 millones de parados actuales lo son como consecuencia de la deuda de las administraciones con sus proveedores, sobre todo pymes y autónomos, cuya capacidad de financiación se vio seriamente mermada con la no renovación de las cuentas de crédito que les servían directamente para financiar temporalmente esos impagos. Deuda que sin duda nadie deseaba, estoy convencido de ello, pero que ha sido inevitable en muchos casos. Y no me refiero a la mala gestión de algunos alcaldes, que también la ha habido, sino a la que ha sido inevitable adquirir para que muchos ciudadanos siguieran recibiendo los mismos servicios que recibían hasta entonces.
Es tan obvio y fácil de comprobar simplemente pasando una mañana en cualquiera de los 248 ayuntamientos de nuestra provincia (o en uno de los más de 8.000 de nuestro país), que la administración local es a la que primero acuden los ciudadanos para intentar resolver sus problemas, sea competencia o no de ella. Y es que a la mayoría lo que nos importa es que nos aporten soluciones, independientemente de a quien le corresponda hacerlo. Pues bien, en los últimos años la carta de servicios o competencias, propias o impropias, que han venido ofreciendo nuestros ayuntamientos han sido cada vez mayores y más variadas, aún siendo conscientes de que esa diversidad de servicios han exigido grandes esfuerzos económicos a las entidades locales. Y los ciudadanos lo han agradecido, porque lo que han buscado siempre es la mayor facilidad para resolver sus problemas.
En 2008 el PSOE se enrocó en negar la crisis, mientras otros trasladábamos a los ciudadanos lo que se veía venir y las consecuencias que podía tener para la sociedad española. Se produce una merma paulatina de los ingresos de los ayuntamientos, en primer lugar los derivados de los impuestos devengados por la actividad del sector de la construcción, pero también los ingresos recibidos mensualmente de la Administración General del Estado a través de la Participación de los Ingresos del Estado, la «nómina» de los ayuntamientos, con una reducción en dos años de más de un 30 %. Y todo ello con la promesa firme e incumplida del Gobierno socialista de acometer de una vez por todas el problema de la financiación local.
Aún a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, y con la capacidad plena de poder resolver el problema que se estaba generando, a los socialistas no se les ocurrió una mejor idea que llenar de carteles nuestros pueblos y ciudades financiando obras, en muchos casos innecesarias, a través de los denominados Plan E de los años 2009 y 2010. Eso sí, financiados con deuda pública. A esta provincia le correspondieron más de 56 millones de euros, cantidad muy superior a la que ahora se pone sobre la mesa al hacer aflorar las deudas municipales. Si se hubiera dedicado ese dinero a sanear las maltrechas arcas de nuestros ayuntamientos, estoy absolutamente convencido de que muchas pymes y autónomos seguirían manteniendo su actividad y generando empleo. Un gran error que le costó al país más de 13.000 millones de euros que estamos pagando entre todos.
Además en 2010 el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de ZP nos comunica a las entidades locales que hizo mal las previsiones y que nos ingresó de más a través de nuestra «nómina» municipal durante 2008 y 2009, por lo que había que proceder a regular tal situación con las pertinentes devoluciones. En concreto a nuestra provincia le ha correspondido devolver aproximadamente 30 millones de euros.
Alejados de estos despropósitos, ahora la determinación del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nos acerca a terminar de una vez por todas con las deudas que las Administraciones han mantenido con sus proveedores. Y ello basado en un mecanismo de financiación de esta deuda que ya ha sido presentado debidamente y que permitirá, a partir del mes de mayo, que los proveedores comiencen a recibir lo que se les adeuda.
Un mecanismo que supone el compromiso firme del Gobierno con el municipalismo, el compromiso de los ayuntamientos con el cumplimiento del objetivo de déficit, el compromiso de todas las administraciones con la supervivencia de muchas empresas, el compromiso con el mantenimiento del empleo, y en definitiva, el compromiso de todos para luchar unidos por empezar a ver la luz al final del túnel.
