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La larga marcha atrás del PP maoísta

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La larga marcha atrás del PP maoísta
La larga marcha atrás del PP maoísta  

MATÍAS VALLÉS El gobierno de Rajoy se ha especializado en la creación de enemigos imaginarios, como si los reales no gozaran de predicamento suficiente. Su ministro de Cultura asocia al PSOE con los violentos, sus jefes de policías satanizan a los alumnos de instituto después de reprimirlos, y el exliberal Ruiz Gallardón ha descubierto una «violencia estructural» sobre las mujeres embarazadas, que no ha impedido un crecimiento demográfico del veinte por ciento en la última década. El concepto ideado por el ministro de Justicia participa de la densidad intelectual de la Escuela de Frankfurt y del libreto de Las Leandras. Un expresidente de Madrid y exalcalde de Madrid -sólo le falta presidir el Real Madrid- debía mostrarse sensible a los versos inmortales de la revista musical: «No reparo en sacrificios/ las educo y estructuro/y las saco luego un duro». Recortes, reestructuración y desplume, las tres fases del PP en el poder.


La «violencia estructural» denunciada por Gallardón remite a las tesis de Marcuse y Adorno, a un proselitismo revolucionario inverosímil en las filas de una derecha «previsible», por etiquetarla como Rajoy. Asfixiado por el déficit, el PP se ha escorado hacia el maoísmo y ha emprendido la larga marcha atrás. Dos ministros acudieron en socorro del titular de Justicia -Fernández Díaz y Ana Mato-, al grito de que los empresarios «estructurados violentamente» amenazaban la reproducción de las mujeres trabajadoras. Se aprestaban a neutralizar a los capitalistas, desde su flamante marxismo leninismo. A continuación, rebajaban sustancialmente la indemnización por despido, a fin de facilitar el desembarazo de las mujeres embarazadas.


Gallardón fundamentó su cruzada maoísta en que la mujer tiene «miedo a perder el trabajo». Pronunció esta frase escalofriante en coincidencia con el Día de la Mujer Trabajadora. En esa jornada, y de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, un millar de mujeres perdieron su empleo, y mil más al día siguiente. Este despido masivo se halla más próximo a la «violencia estructural» que el denunciado por el ministro de Justicia, con la ligera diferencia de que el paro es responsabilidad de Rajoy. A cambio de su inacción, hay que concederle que la condición de parado merma apreciablemente el apetito reproductor, o incluso sexual.


La peregrina doctrina de Gallardón utiliza el subterfugio de combatir el aborto, y evoca a los ultraconservadores que culpaban de los malos tratos al divorcio. A falta de averiguar cuántos pecados deberá purgar el titular de Justicia antes de recuperar su identidad, el libro Freakonomics detalla un ejemplo que rebate su «violencia estructural». En Estados Unidos, la legalización del aborto vino acompañada por una acusada disminución en el número de crímenes violentos, que tuvo lugar aproximadamente dos décadas más tarde. En cambio, el ministro de Rajoy metido a sociólogo no aportó ni un solo dato concreto que justificara su denuncia. Se mostraba tan inseguro de su tesis que la revistió de cautelas: «Muchas mujeres», «supuestos embarazos», «situaciones problemáticas». El terror indefinido.


La frivolidad de Gallardón al pregonar una ambigua «violencia de género estructural» -la cita completa- se agrava en un país que posee una «violencia de género» que se salda con una mujer muerta cada cinco días, y con una «violencia estructural» o terrorismo de efectos sobrecogedores. Sin embargo, el mensaje trasladado por el ministro también se encuentra en la Escuela de Frankfurt. Si todo es violencia, nada lo es. Superponiendo sus palabras con las declaraciones de Ana Mato al referirse a una «violencia doméstica» asexuada, se observa la voluntad de deslizar la «violencia de género» hacia «violencia genérica». Los maltratadores pasan a un segundo plano, las mujeres que abortan se convierten en cómplices o encubridoras de una «violencia estructural» ejercida por seres misteriosos, pero en cualquier caso partidarios del aborto. El PP recobra la superioridad moral.


José Ignacio Wert prometió una Educación para la Ciudadanía «no adoctrinadora». Se le olvidó añadir que Gallardón sería el encargado de las labores de adoctrinamiento gubernamental. Los buenos ciudadanos no se distinguirán por el pago religioso de sus impuestos, sino por la religiosidad a secas. Y la tesis de este artículo no se corrige cuando el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, declara que «no vamos a dar marcha atrás». Alude a la reforma laboral, con lo cual debe traducirse por «no vamos a dar marcha hacia adelante». Si se le obliga a elegir, Rajoy preferirá quedarse en punto muerto.


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