El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ya ha anunciado públicamente que antes del verano va a celebrar una cumbre con los presidentes de todas las autonomías, gobernadas la mayoría por su partido. El encuentro está previsto, en principio, que tenga lugar en Valencia, lo que, por cierto, no parece lo más adecuado teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que se suceden en aquella comunidad. Pero la reunión resulta absolutamente necesaria si discurre por los cauces que se quiere, aunque los resultados están por ver y el escepticismo abunda dada la confrontación de intereses que lleva aparejado el eje central de la cumbre: la revisión a fondo de las administraciones autonómicas para evitar los dispendios actuales que cualquiera sabe que son insostenibles totalmente.

Lo que se quiere, lo que quiere Rajoy, es abordar definitivamente la supresión de las instituciones, organismos y entidades regionales que dupliquen funciones con las del Gobierno de la nación. Incluso la supresión llegaría a las administraciones locales si se da el caso en los ayuntamientos. Se trata, en suma, de prescindir de los defensores del pueblo y de los consejos consultivos, lo que supondrá, o supondría, un ahorro muy importante, a cambio de prescindir de órganos tan innecesarios como caros. Es algo que ya han pedido varios partidos, como el centrista UPyD, y que incluso se ha llevado ya a la práctica en comunidades como la de Castilla-La Mancha desde que pasó a ser gobernada por el PP. Y es algo también, por supuesto, que viene demandando la opinión pública y publicada que contempla, indignada, cómo en tiempos tan duros, de una crisis tan aguda, se mantienen estas mandangas intolerables creadas por los gobiernillos regionales para dar edificio, sueldo y coche oficial a los suyos.

Castilla y León, por supuesto, es de los sitios que no se priva de nada, con su procurador del común y su Consejo Consultivo, ubicado este último en Zamora, ante el rechazo de los ciudadanos que ven cómo la Junta gasta una millonada en procurarles sede y en mantener algo que ni tiene carácter ejecutivo ni sirve realmente para nada, salvo para proporcionar buen cargo y buen sueldo a quienes el partido no encuentra otro acomodo en la política activa. Y lo mismo ocurre con el procurador del común. Son lujos, excesos, que no se pueden mantener en casa del pobre y todo el país es ahora mismo una enorme casa del pobre que se bambolea por la debilidad de sus cimientos y que hace estremecer a todos salvo a los políticos, los banqueros y los ricos, para todos los cuales no existe, ni de lejos, la crisis.

A ver qué hace el presidente de la Junta, aunque tendrá que hacer lo que se decida. Pero ya empiezan a decir algunos que para suprimir estos órganos superfluos será necesario reformar los diversos Estatutos autonómicos. Dudoso, porque Cospedal ha eliminado esas historias en Castilla-La Mancha sin tocar el Estatuto. Pero si hay que reformarlos, pues que se reformen. Lo que no se puede, porque es un insulto, es continuar así, con toda una tropa de politiquillos innecesarios, en innecesarios cargos, comiendo la sopa boba a costa del erario público, o sea del dinero de los ciudadanos.