Todo lo relacionado con el atentado del 11-M en Madrid sigue en una especie de nebulosa que a casi nadie convence. Hay puntos que continúan sin ser aclarados y cada cierto tiempo aparecen informaciones que no hacen otra cosa que acrecentar las dudas. Todavía se habla con argumentos contundentes de las incógnitas que pesan sobre el explosivo utilizado en la acción terrorista y lo que el estudio de los restos de los vagones que resultaron afectados podría haber revelado. Ante la aparición de distintas informaciones, los ciudadanos tenemos la sensación de cierta falta de rigor en las investigaciones llevadas a cabo.
Quien tampoco debe estar muy convencido es el fiscal general del Estado, quien ha ordenado al fiscal jefe de Madrid que abra diligencias de investigación tras hallarse restos ferroviarios en un almacén del distrito madrileño de Villaverde, para determinar si corresponden a los trenes del 11-M y si su presunta ocultación pudiera suponer «un delito de obstrucción a la Administración de Justicia». Hay que reconocer que todo lo relacionado con las pruebas del delito es lo suficientemente oscuro y carente de lógica como para pensar que hay gato encerrado. Alguien decidió, de forma absolutamente arbitraria, que los restos fueran destruidos cuando lo habitual es conservar las pruebas del delito para aportarlas. Nadie se cuestionó entonces las razones que condujeron a su destrucción. Al igual de nadie se preguntó quién autorizó la desaparición de una prueba clave del delito.
Es que no estamos hablando de una cuestión baladí. Estamos hablando del mayor atentado terrorista perpetrado en España. Todos somos víctimas del 11-M. Ni olvidamos aquella salvajada dantesca ni olvidamos las que Eta ha cometido a lo largo de su trayectoria asesina. Por eso hay que llegar al fondo de la cuestión ahora que conocemos el dato de que los restos ocultos del tren del 11-M que explotó en la estación de Santa Eugenia han aparecido en las instalaciones de una empresa.
Si ha habido delito que se persiga y castigue como corresponde. Veremos en qué quedan las diligencias ordenadas por el fiscal general. Nadie habla aquí de revocar los hechos probados de la sentencia. Pero si hay zonas oscuras, si hay situaciones opacas, si alguna circunstancia merece ser investigada, aunque el 11-M es un proceso cerrado, que así se haga. Que se tomen su tiempo y que no dejen nada al albur para que las sombras de duda se disipen y las sospechas fundadas o infundadas de que algo no se hizo bien, queden archivadas en la memoria individual y colectiva de todos los españoles, los que están de acuerdo con el proceso y los que no. Sobre todo por aquellos que piensan que todo se hizo con demasiada celeridad y que todavía hay muchos cabos sueltos.
Si hubo irregularidades en la recogida y custodia de muestras del 11-M, que se persiga y castigue a los responsables. Pero que esa página, sin duda una de las más dramáticas de la historia de España, pueda pasarse definitivamente sin que la conciencia nos lo reproche.
