Parece que va en serio y que el Gobierno está dispuesto a imponer sus leyes contra el derroche en las instituciones y sobre la transparencia absoluta del gasto y la gestión de las mismas. Imprescindibles normas si se quiere salir de la crisis, con todas sus consecuencias -ya se admite un déficit del 5,8 por ciento para este año- y si el PP quiere sobrevivir políticamente en el poder alcanzado.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría estuvo la semana pasada en el Senado, el más genuino y representativo de los muchos cementerios de elefantes existentes en el país, y les cantó las cuarenta a los que aprietan los botones de la Cámara Alta. Hay que frenar como sea el derroche de las autonomías, por lo que habrá sanciones administrativas y hasta castigos penales a quienes no se atengan a lo dispuesto. Responsabilidad, ejemplaridad y transparencia es lo que ha exigido la vallisoletana. Eso sí, la aplicación de la ley no tendrá carácter retroactivo, con lo que habrán podido suspirar tranquilos algunos como el senador socialista Montilla que en los años que gobernó en Cataluña cuadriplicó la deuda de la región, que se cifra ahora en no menos de treinta mil millones de euros, que ya es.

Bien les puede venir esto de las deudas institucionales a los bancos que es de donde saldrá el dinero adelantado para que los gobiernillos regionales, los ayuntamientos, las diputaciones y demás puedan ir saldando sus millonarios débitos. Porque andan dándole vueltas a la tajada que pueden sacar del asunto y se empecinen que los créditos a los morosos oficiales no bajen del 5 al 8 por ciento de interés. Con lo cual cada vez la ruina será mayor. Pero los bancos tienen que seguir sacando dinero para pagar los salarios y las pensiones millonarias a sus directivos. Claro que el Gobierno de Rajoy ha puesto un límite a estos sueldos pero eso solo afecta a las entidades auxiliadas por el dinero público. Por cierto que en Castilla y León, donde las cosas no marchan tampoco bien, por mucho que diga el ínclito Herrera, no solo aumenta igualmente el déficit público sino que existe honda preocupación por el futuro de Caja España y Caja Duero sobre las que asoma el riesgo de la intervención del Banco de España.

Mientras, 17 millones de españoles han cobrado menos a final de febrero por las nuevas medidas del impuesto sobre la renta, un impuesto que grava especialmente a las clases medias. A unos más que a otros porque, por ejemplo, ahora se ha sabido que en el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado, hasta los cargos directivos, que son 125 con sueldos de hasta 80.000 euros al año, se beneficiaban de un fondo social municipal que cubre gastos de ópticas o de dentistas, en parte al menos, no solo para ellos sino para sus familias. Un juzgado ha rechazado esos privilegios tras las denuncias de los trabajadores.

Bien está pero para evitar el derroche y primar la transparencia como anuncia la vicepresidenta habría que empezar por suprimir el Senado, y las subvenciones a partidos y sindicatos y patronal, y las diputaciones y todos los organismos duplicados: defensores del pueblo, consejos de cuentas, consultivos, y demás mandangas de las autonomías para dar cargo y buen pasar a sus conmilitones.