Esta vez, las cifras hablan por sí solas. En solo dos meses y en pleno invierno, los incendios han devastado 6.500 hectáreas en la provincia, más de 5.000 en Sanabria de las que, casi la mitad, han ardido en los últimos quince días. La acción de los incendiarios combinada con una sequía histórica ha derivado en una auténtica catástrofe ecológica, una situación de emergencia que requiere un dispositivo aún mayor del desplegado si queremos salvar una comarca que aspira a ser declarada Reserva Mundial de la Biosfera.

Esos 283 incendios declarados desde enero, con decenas de focos ardiendo al mismo tiempo, prendidos con nocturnidad, cuando no pueden emplearse los hidroaviones y helicópteros, responden a un patrón de delincuencia organizada que debe ser combatida como tal, dejando para más tarde otros debates que puedan surgir en lo que acontece en Sanabria. El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, señaló en su comparecencia del Consejo de Gobierno del jueves que, como consecuencia de la ausencia de lluvias se había activado el «nivel medio» de alerta contra incendios en las provincias de León, Zamora y Salamanca, algo «que en febrero o marzo nunca había ocurrido». Efectivamente, las circunstancias son así extraordinarias, y como tales debieran abordarse. Los efectivos desplegados, es evidente, no resultan suficientes para atajar la acción delictiva. Las cuadrillas, extenuadas, no dan abasto de un extremo a otro de la comarca mientras las llamas se propagan en medio de una vegetación seca que arde como la yesca. Con esas 6.500 hectáreas quemadas, lo que significa casi 2.000 más que en todo el año anterior, la situación parece más bien exigir un nivel superior al medio, toda vez que el propio consejero ha reconocido que los incendios en la comarca se han multiplicado por siete en comparación al mismo periodo en otros años.

La que no es nueva es la actitud variable de los incendiarios, que acomodan sus actos delictivos a la climatología y a la planificación, evidentemente desacorde, de la Junta en materia de lucha contra el fuego. Los que queman el monte de una manera intencionada lo conocen bien, saben en qué lugar de la profundidad del bosque la mecha hará más daño. Ya no se circunscriben al verano, cuando la alerta es alta y todos los medios de vigilancia y extinción están desplegados y operativos. Saben esperar, como el lobo a su presa, en un intento de dejar en evidencia a la Administración. Ello debería obligar a replantear la estrategia a la Junta en materia de extinción y no ceñirlo a una cuestión de estacionalidad, sino de climatología. Desde luego que eso exige más dinero del que hay sobre la mesa en las circunstancias actuales, pero, ¿acaso resulta imaginable una dirección del Museo del Prado indiferente a una gotera sobre Las Meninas? Hay situaciones puntuales que requieren respuestas rápidas y eficaces. Además de vigilar y de concienciar, labores que se deberían cultivar todo el año, en este momento se trata de actuar, tanto por parte de la Administración autonómica como del resto de las instituciones implicadas.

El Ministerio de Medio Ambiente acaba de anunciar refuerzos de vigilancia y extinción para León y para Ávila. Sorprende que no se hayan anunciado más refuerzos para Zamora, donde ya han actuado efectivos de extinción durante las jornadas más negras de las vividas, sobre todo, en las dos últimas semanas, y donde parece más que aconsejable redoblar la vigilancia por parte de las fuerzas de la Guardia Civil para poder perseguir adecuadamente esta lacra. Tres presuntos incendiarios han sido detenidos a lo largo de las dos últimas semanas, alguno de ellos prácticamente «in fraganti». Ahora le toca el turno a la Justicia para que sobre ellos caiga todo el peso de la Ley. Porque condenas ejemplarizantes son también medidas disuasorias.

La única manera de enfrentarse a una situación de emergencia, como la que atravesamos, es tener claro que el culpable es el que quema. No hay conflicto interno ni razón alguna que pueda justificar la actitud criminal de los incendiarios. Solo cabe la condena de un hecho delictivo que no beneficia a nadie y la actitud decidida de los que más directamente deben velar por los intereses de los sanabreses, los alcaldes.

Ese deseable frente común parece haberse cerrado en la reunión mantenida entre el delegado de la Junta, Alberto Castro, con los regidores de la zona el pasado jueves. Las ideologías o las disputas por la forma de administrar el Parque Natural o las reclamaciones de montes de mano común están de más cuando el monte se quema sin remedio. Tampoco vale mirar para otro lado ni utilizar el terrorismo ecológico como arma arrojadiza entre rivales políticos. Sin concierto, nunca podrá haber la necesaria eficacia contra los incendiarios.