Ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni nadie, que no sean los «doloridos», tiene derecho a explotar ese luctuoso acontecimiento para fines espurios

Desde aquel día fatídico tenemos una herida abierta y, hasta que esa herida no se cierre de manera definitiva y con certeza absoluta, seguirá sangrando y salpicando el ambiente, por mucho que, incomprensiblemente, unos y otros quieran presentarnos el caso como cerrado y zanjado. Solo faltaba que ahora vinieran a «echar leña al fuego» los sindicatos mayoritarios, con el afán de «engrosar» las filas de sus seguidores en las manifestaciones. Ocho años después les ha atormentado la memoria aquella salvaje barbaridad y, entre los 366 días que, por ser bisiesto, tiene este año, no han encontrado otro más propicio para convocar un acto multitudinario poniendo por delante los 192 muertos y más de 1.700 heridos que vistieron de luto España y de ocupantes las camas de los hospitales madrileños. Comprensiblemente les ha rechazado la «ocurrencia» gran parte de la Sociedad con la AVT a la cabeza. Ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni nadie que no sean los «doloridos», tiene derecho a explotar ese luctuoso acontecimiento para fines espurios. Basta con adherirse al dolor de las víctimas y, además, acompañarlas en las manifestaciones que ellas solas quieran convocar, o en los actos privados que celebren con motivo del aniversario. Solo faltaba que —como ocurre con las (más o menos justificadas) reivindicaciones de los estudiantes— el día de luto colectivo por aquel 11-M se viera manchado con la porquería de las salvajadas que perpetran esos «incontrolados», tan bien manejados en control, y los antisistema, tan sistemáticamente utilizados para someter a «sangre y fuego» las calles de gran parte de la hoy tan maltrecha España.

Son otros los cauces que deben emplearse —y esta vez con absoluta garantía— para ir hasta el fondo del acontecimiento de aquel marzo de 2004. Compete a la Justicia —y a ella sola es exigible— esclarecer, de manera diáfana, lo que de verdad ocurrió aquella mañana en la que muchas personas creyeron, al principio, que lo que mostraba la televisión era un episodio de alguna película. Hay que saber, sin ningún género de duda, quién o quiénes fueron los autores materiales de la masacre. Existen, al día de hoy, razonables dudas de que el único detenido y condenado como autor material es inocente (y aquí entraría para la Justicia el problema de quién debería abonar la indemnización, aunque —como en la de Otegui— ya sabemos quién cargará con «el mochuelo»: Salga el sol por donde quiera siempre es el pueblo contribuyente quien se lleva «el de la cabecita gorda»). Cuando se llegare a la verdadera autoría material, podría continuar la investigación hacia la «autoría intelectual» y allí se encontraría al mayor culpable (o mayores culpables) del acontecimiento. La instrucción —y consiguientemente el juicio, que dio lugar a la sentencia, que se tambalea a pesar de su declarada firmeza— dejan tanto que desear que nuevos elementos comprobados han dado lugar a querellas interpuestas e, inexplicablemente, archivadas. Plumas de juristas autorizados reclaman la reapertura —alguien dice «apertura», porque lo de antes (dice) no significa nada. En la actualidad, destituidos y hasta encausados algunos de los, presuntamente, falseadores de la realidad, que destruyeron pruebas _—alguna de las cuales ha aparecido—, y fabricaron otras pruebas falsas, es posible incoar una instrucción más fiable y, llegado el momento procesal, celebrar un juicio con jueces independientes y, por tanto, imparciales; con fiscal menos apasionado y expeditivo que la apodada «¡Vale ya!», pero más diligente en averiguar todo. Habrá que comenzar por el explosivo utilizado, que ahora, tal vez, podrá hallarse en la parte del vagón que, prudentemente escondida, ha llegado a ser descubierta después de ocho años. Lo de la «goma 2 eco» ya no se lo cree casi nadie (y pongo esa restricción, por si acaso hay algún ingenuo).

Vuelvo al principio. El 11 de Marzo de 2004 es una brutal desgracia que constituye una herida abierta y cuya sutura necesitará una voluntad decidida en la Justicia Española, que aborde el asunto con el interés que se merece y eche por tierra —de la manera que sea posible en los procedimientos— lo actuado por personas que hasta han recibido condecoraciones o ascensos. Tales premios están basados en su actuación en el juicio que llegó a una sentencia no unánimemente aceptada por nuestra sociedad, que muchas veces hace gala de un «olfato» quasi-infalible; prueba de ello es la petición de que se anule y se produzca la consiguiente reversión económica en el caso del Juez Gómez Bermúdez.

Se esperaba mucho, en este sentido, de la información que se suponía en poder del, ya autorizado por eficiente periodista, Pedro J. Ramírez. Incluso desde el extranjero se aseguraba que lo pondría al descubierto antes de las Elecciones Generales del 20-N. No ha sido así. Pero la Justicia debe cumplir diligente y eficazmente su cometido para que se cierre, de una vez y para siempre, esa llaga abierta. Solo entonces —si atendemos a creencias muy extendidas— dormirán tranquilos en sus tumbas los seres queridos que se perdieron. Y, fruto de esa tranquilidad, las víctimas vivas podrán cerrar el capítulo y, también, dormir tranquilos con la serenidad de una conciencia satisfecha por la certeza inamovible del deber cumplido. No podemos olvidar que muchos de ellos han cifrado el objetivo del resto de su vida en desentrañar el misterio en que se esconde la muerte de su ser querido. Quieren conocer qué ocurrió y quién lo hizo. Hasta que eso no ocurra, el _11-M seguirá merodeando y enturbiando el ambiente que envuelve a la digna Sociedad Española.