Garzón no es la Justicia

DELFÍN RODRÍGUEZ En un Estado democrático, la Ley ampara el derecho inalienable de defensa de los acusados. Ese derecho niega la posibilidad a los jueces de grabar a los abogados y sus defendidos en el ejercicio de su función. Y es lo que Garzón hizo con la red Gürtel. Nuestro ordenamiento jurídico solo permite tal supuesto en casos de terrorismo. Esa es la letra y ese es el espíritu. Lo demás es marear la perdiz.


Que los siete magistrados del Tribunal Supremo le hayan expulsado de la carrera judicial, era obligatorio. No podían hacer otra cosa. ¿Se imagina usted las consecuencias de una sentencia absolutoria? Hubiera supuesto el derrumbe del sistema judicial español y con él de uno de los pilares sagrados de la democracia.


Si le absuelven, el alto tribunal estaría prevaricando al dictar una sentencia injusta a sabiendas de que lo es. Si lo hubieran absuelto, adiós a la presunción de inocencia. El nuevo escenario sería terrorífico. Los jueces podrían pinchar los teléfonos de acusados y abogados sin límite alguno. Se borraría de un plumazo el derecho de defensa tal y como se conoce en el mundo libre.


En un sistema de libertades como el que nos hemos dado, sería posible que decidiéramos legalizar el espionaje a los acusados y sus abogados. Nos convertiríamos en una monarquía bananera, pero es posible. Sin embargo, en tanto en cuanto esto no ha ocurrido, debemos estar a lo que la Ley y el Derecho dictan.


La politización del caso llevó a que la fiscalía no actuara de oficio contra las prácticas delictivas de Garzón. En cualquier país de nuestro entorno democrático lo hubiera hecho y lo hubiera apartado de su cargo para enjuiciar su conducta.


Los siete mejores jueces de España no pueden ser todos simpatizantes de Franco y partidarios de la corrupción, como se pretende. No apartan de la carrera a Garzón porque quisiera investigar nada, sino porque la forma de hacerlo ha producido un gravísimo delito. Esa y no otra es la verdad escueta.


No me gusta la sentencia ni brindo por la expulsión de Garzón. Muy al contrario. Es triste para España que uno de sus jueces haya echado mano del delito más horrible en Derecho para instruir su causa.


Afortunadamente el fiscal Torres Dulce, que actuó en el caso, se pronuncia con absoluto respeto a la Justicia y acata la sentencia. Faltaría más. Lo que no es de recibo es que quienes ayer convirtieron a Garzón en verdugo por encarcelar a la cúpula policial socialista por los crímenes del GAL, le hagan hoy mártir, porque se le condene por delinquir en la instrucción de un caso que afecta al adversario político.


Lo que no es de recibo es que algunos medios periodísticos poco sospechosos de connivencia con el franquismo, que ayer sostenían que «ningún fin justifica pasar por encima de los procedimientos», defiendan hoy la prevaricación como medio de desenmascarar el crimen organizado.


Es duro acatar las sentencias cuando no nos favorecen, pero si no lo hacemos, habremos laminado el Estado de Derecho. Lo que hacen políticos menores como Llamazares, diciendo que no la acata, es lógico en regímenes de pensamiento único. No lo es aquí. Llamazares se cisca en uno de los pilares de la democracia cuando, en vez de ejercer su lícito derecho a discrepar, ejerce el ilícito de no acatar. Porque si todos hacemos lo mismo, si todos queremos convertirnos en jueces de nuestras propias causas, seríamos cuarenta millones de jueces.


Si estos personajillos no aceptan las reglas de la democracia, que se exilien a Cuba o Venezuela, donde tendrán el «privilegio» que reclaman: que se les pueda espiar desde el Estado. Allí, el Estado de Derecho vive permanentemente torcido.


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