Lo que cuesta

JUAN JESÚS RODERO Raro es el día que no aparece en los medios alguna noticia referente al despilfarro del dinero público y eso pese a los recortes que las distintas Administraciones han hecho o dicen que van a hacer. La sensibilidad ciudadana sobre el asunto económico y la situación de crisis se agudiza más dada la opacidad de los poderes públicos. No es que así se vaya a la ruina, porque ya el país se ha situado en ella o en sus bordes, pero lo que resulta más que evidente es que la gente está cada vez más indignada según va conociendo las cifras que demuestran el derroche y que luego sirven de justificación, en todos los casos y niveles, para las subidas de los impuestos ya sean directos o indirectos. Además, que en esto ocurre lo mismo que con la corrupción: que solo se sabe lo que se descubre.


Y es que es duro entender que un país con más de cuatro millones oficiales de parados, aunque muchos de ellos sobrevivan gracias al trabajo subterráneo, y en el que la pobreza, según los datos de Cáritas, se va extendiendo como una mancha de aceite, se gaste en los parlamentos regionales, que son diecisiete nada menos, como bien se sabe, 392 millones de euros, que es la cifra calculada para este año. A lo que hay que unir, naturalmente, los 200 millones que en números redondos costará mantener el Congreso y el Senado, institución esta última cuya existencia está dando lugar a un debate sobre su necesidad dada su inutilidad manifiesta.


Teniendo en cuenta que hay 1228 diputados autonómicos resulta que cada uno de ellos, más los gastos que originan para su atención y el personal de confianza y asesores que acarrean, sale por un coste de 319.210 euros, que ya es. Bastante más que el gasto ocasionado por las Cortes, donde cada escaño cuesta unos 238.000 euros. Si se suman las dos cantidades se aprecia el montante del precio anual que se abona por cada uno de los representantes parlamentarios, sean de primera o de segunda división. Y si únicamente fuera esto, porque ya se sabe que no lo es. Además y pese a tantos anuncios de austeridad, a la hora de la verdad los recortes aparecen bastante recortados en las autonomías, siendo el más destacado de los que se conocen hasta la fecha el de Castilla-La Mancha, que ha bajado un veinte por ciento su presupuesto, aunque la mayor parte se haya conseguido gracias a librarse de una de sus duplicadas instituciones, la del defensor regional del pueblo, o algo así, que suponía al año dos millones de euros.


Que la democracia es cara, muy cara, ya se sabía, aunque parece ser que quienes dividieron España en 17 reinos de taifas no lo sabían y construyeron la casa empezando por el tejado y sin pensar en si podrían mantenerla. Aunque, según los expertos, la solución práctica más que en las Cámaras regionales estaría en los Ayuntamientos que suman unas cifras tan abultadas y fuera de toda razón que obligan a pensar en la fusión de los municipios y a partir de ahí lo demás, la supresión del Senado y de las diputaciones como medidas consiguientes. Pero nada se hará, que para eso ya están los políticos y nadie tira piedras al cielo para que le caigan encima.