Poner en duda a estas alturas que la Sanidad española es una de las mejores del mundo, me parece absurdo. Su merecida fama es reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Y eso es así, salvo las excepciones que siempre confirman la regla, no solo por la cualificación de los profesionales sanitarios, sino por el modelo de sistema sanitario que otros muchos países, incluso del orbe europeo, han querido imitar.

El modelo de Sanidad pública española constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar. Por eso no se entienden las amenazas que pesan sobre él, las negras nubes que se ciernen sobre uno de los mayores logros de nuestro sistema. Los políticos están en la obligación, fundamentalmente los que desempeñan tareas de gobierno, de garantizarnos el derecho de los ciudadanos a la Sanidad que pagamos entre todos, a pesar de la enorme cifra de paro que embarga el ánimo de todos en España.

Si los políticos no han sabido gestionar el presupuesto ciudadano o lo han hecho pésimamente, gastándolo en nimiedades como la apertura de embajadas donde ni puñetera falta que hace o colocando a ex ministros y sobre todo ex ministras en puestos internacionales de responsabilidad, que se les pida cuentas, que se les juzgue y no solo socialmente, sino donde que hay que juzgar los comportamientos fraudulentos. No se puede dilapidar el dinero de todos de la forma absolutamente indecente que han hecho, en pasado y en presente, los miembros de algunos gobiernos patrios y autonómicos. No se puede consentir que cuando tocan poder se crean que España es de su propiedad y lo que hay en ella para gastarlo a su antojo. Que no. Que por eso también nos vemos así.

La Sanidad está en el punto de mira no solo de Andalucía y Cataluña. Otras comunidades autónomas, calladamente, sin decir nada por la que se pudiera armar socialmente, se plantean una forma de copago que llamarán de mil formas pero que hará tambalear ese pilar al que aludía. La deuda de las autonomías con los proveedores de productos y tecnología y con los propios laboratorios farmacéuticos se ha disparado hasta límites inimaginables, alcanzando cifras astronómicas que, a simple vista, parecen impagables.

Cataluña va más lejos y busca imponer una tasa para evitar los abusos en recetas médicas tal y como viene ocurriendo en Francia. Otras autonomías, al parecer entre ellas también la nuestra, se plantean pagar la enorme deuda adquirida o lo que es igual, se plantean pagar la Sanidad con bonos. A ver por dónde nos salen a los usuarios, de llegar a utilizar este vehículo financiero. Parece que no pinta muy bien y que hay que coger el camino más corto, posiblemente no el mejor para los ciudadanos, a fin de acabar con la morosidad sanitaria y la deuda farmacéutica.

La cosa está difícil. Se prevé un nuevo panorama y su horizonte se dibuja en el primer semestre de 2012. El futuro nunca ha sido más incierto y el de la Sanidad patria más condicionado que en el momento actual. Si el panorama no mejora puede que perdamos incluso el sentido de propiedad de nuestra Sanidad a favor de fórmulas nuevas marcadas por la incertidumbre.