La Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en Zamora hicieron el miércoles un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar que se produzcan incendios forestales, precisamente en una semana en la que, debido a la subida de temperaturas y la celebración de fiestas en más de sesenta municipios de la provincia, el riesgo de fuego es máximo. La campaña estival, hasta el momento, no es mala porque los siniestros han respetado las grandes masas forestales, pero aun así la media de tres fuegos diarios «es una cifra muy elevada», según acaban de reconocer Alberto Castro y Pilar de la Higuera, responsables máximos de los gobiernos regional y central, respectivamente, en la provincia.

La advertencia a la ciudadanía de precaución y vigilancia para evitar fuegos forestales no sobra, cuando la propia brigada de investigación, de la que forman parte especialistas en la materia de la Administración y de las fuerzas de seguridad, acaba de informar que ocho de cada diez fuegos registrados en la provincia son intencionados, un número muy por encima de la media nacional y también del dato regional, que ronda el 50%, según reconoció la semana pasada el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Antonio Silván.

En los primeros seis meses del año, como ya había ocurrido en 2010, otra vez Zamora, junto a León, se situó a la cabeza de España en número de siniestros forestales y hectáreas calcinadas, destacando la comarca sanabresa, sobre todo en el mes de abril cuando se encendieron todas las alarmas, después de que en un solo fuego, en Hedroso, se quemaran cerca de 500 hectáreas.

La Junta de Castilla y León destina un importante presupuesto a la lucha contra el fuego. En los últimos años, se han incrementado los fondos destinados al incremento de personal, pero también a labores de prevención y de acondicionamiento de masas forestales. Está claro que una política eficaz contra esta lacra debe sustentarse en los pilares de la formación, la información, la prevención, la disuasión y el castigo a los culpables.

Los últimos estudios desechan como origen de los incendios la existencia de una mano negra y las tramas organizadas y apuntan claramente a las imprudencias, los intereses económicos (urbanísticos, agropecuarios y cinegéticos) y la acción de individuos perturbados como causas principales de los siniestros. En este sentido, es destacable la lucha de la brigada de investigación que busca descubrir el origen de los fuegos para llevar a cabo una efectiva campaña de prevención. En lo que va de año ya ha identificado a 24 personas como autores de incendios forestales, un número elevado respecto a años anteriores, donde la media de «incendiarios» identificados no pasaba de la decena.

En la estrategia integral de lucha contra el fuego en la provincia deben estar implicadas además de todas las administraciones, la ciudadanía en general y, sobre todo, los habitantes de las zonas con masas forestales, que deben ser conscientes de las muchas razones que existen para que el bosque no se queme, entre ellas que es patrimonio natural y una fuente apreciable y sostenible de ingresos para sus legítimos propietarios.

Hay un sentimiento negativo contra las masas forestales entre quienes viven junto a ellas ya que allí se refugian los animales que diezman sus cosechas y provocan los cada vez más numerosos accidentes de tráfico. Esa mentalidad es la que hay que cambiar y los instrumentos para hacerlo debe ponerlos sobre la mesa la Administración regional. Es de sentido común que, por ejemplo, para los trabajos de desbroce o limpieza se contrate a trabajadores de la zona, lo mismo que para las tareas de extinción. El objetivo está claro: conseguir que el bosque se vea como un lugar del que obtener beneficios y riqueza, que se entienda que las masas forestales son un bien común que debe respetarse porque supone un legado de nuestros mayores que hay que dejar intacto a las generaciones venideras.

La prevención se presenta así como un factor imprescindible y para ello se necesitan medios suficientes. El cambio de los dos helicópteros que trabajaban en la provincia en años anteriores por uno solo, aunque mayor, que hizo la Junta al principio de la campaña estival no parece que sea un avance en este sentido. No obstante, hay que reconocer los esfuerzos de la Administración regional por potenciar los servicios de extinción, que en la actualidad integran una dotación de más de 400 personas, y por dotar adecuadamente a las cuadrillas para evitar accidentes. Resulta también muy importante mantener contacto permanente con los propietarios de montes, sean particulares o municipales, y coordinar las distintas acciones.

También la disuasión es un pilar fundamental. La vigilancia y el control son fundamentales y en ese campo hay que situar la instalación de cámaras de videovigilancia en los lugares más conflictivos. Y cuando, a pesar de todo, el delito se comete, hay que ser inflexibles y aplicar el castigo contra quien esgrime la cerilla incendiaria. Las condenas ejemplares suelen ser muy efectivas, aunque no sean fáciles de aplicar porque probar delitos de esta naturaleza resulta muy complicado y de hecho muchos de los detenidos acaban sin cargos por falta de pruebas.

Zamora tiene la obligación de conservar su riqueza forestal, fruto del esfuerzo acumulado durante cientos de años. La Administración ha de ejercer políticas de formación e información, prevención y disuasión y, si todo esto no es suficiente, aplicar los medios policiales que sean precisos. La sociedad tiene que implicarse en la defensa de una riqueza que es de todos y que nadie tiene derecho a destruir por intereses particulares.