La unión decidida de las provincias de La Raya, Zamora y Salamanca por Castilla y León, y el Norte portugués, hacen albergar esperanzas para que esta vez el proceso culmine con éxito y la iniciativa sea respaldada plenamente por los Gobiernos nacionales de Portugal y España. Sería, además, una forma de remendar, con tres años de retraso, la ausencia de debate en materia de Medio Ambiente en la cumbre entre los dos países que albergó la capital zamorana.

De los siete espacios naturales que integran el proyecto, Zamora aporta más de 120.000 hectáreas que albergan ecosistemas de un valor medioambiental de excepción: el parque natural del Lago de Sanabria, las lagunas de Villafáfila y la reserva de la Sierra de la Culebra. A ellas habría que sumar el espacio compartido en los Arribes con Salamanca y la parte del Douro Internacional. Del lado portugués se englobarían el Parque de Montesinho, de más de 75.000 hectáreas y otras 5.000 de la Albufeira do Azibo. En conjunto, más de 300.000 hectáreas que convertirían a la unión de estos siete espacios naturales, ya protegidos por las administraciones regionales respectivas, en una de las zonas más importantes en cuanto a extensión y a importancia de recursos naturales de toda Europa.

Los estudios, que ya habían sido iniciados sin llegar a concluirse hace dos años, están a la espera de poder acogerse a los nuevos fondos transfronterizos y la primera medida tomada, rebajar en 200.000 euros la cantidad presupuestada para su puesta en marcha, añade un plus de seriedad como para albergar, ahora sí, fundamentadas esperanzas.

La candidatura hispanolusa debe prosperar en el programa que la Unesco llama «Man and Biosphere» («Hombre y Biosfera», MAB). Una denominación sugestiva que encierra el verdadero reto de la actuación. Este programa se centra en la combinación de la utilización sostenible de los recursos en beneficio de las comunidades locales. Es decir, que la conservación de la naturaleza tiene, necesariamente, que revertir e implicar a las personas que habitan en esas zonas: más de 140.000 en la frontera de Zamora y Salamanca con Portugal. Sin esa interacción con los que pueblan, explotan y han contribuido desde hace generaciones al mantenimiento de las mismas, el marchamo de la Unesco no alcanzaría las potencialidades que, a priori, se proyectan.

Cuando los habitantes de un entorno natural no se sienten identificados con las actuaciones impuestas, aunque con intenciones loables, por parte de las administraciones que gestionan esos espacios, surge el conflicto. Y no hay que ir muy lejos para ilustrar en esta misma tierra enfrentamientos de esa índole en el parque natural del Lago de Sanabria con los vecinos que reclaman derechos sobre las tierras que un día trabajaron y que ahora sienten arrebatadas por no encontrar un rendimiento a la protección del entorno. El diálogo entre hombre y medio ambiente aún no ha encontrado el equilibrio necesario y urge, por tanto, un replanteamiento a tiempo.

Conseguir la declaración de Reserva de la Biosfera imprimiría un sello de calidad con una trascendencia decisiva desde el punto de vista turístico, y por ende, de desarrollo económico. Pero llegar a ese punto requiere que esas 140.000 personas se beneficien realmente de ello. Una encuesta realizada el pasado año por la Junta de Castilla y León revelaba el inmenso apego que los habitantes de La Raya sienten hacia la tierra que los vio nacer: el 80% se marcaba como objetivo poder vivir de forma estable en un territorio que, desgraciadamente, ha estado marcado por la pobreza, el aislamiento y, como consecuencia, por la emigración. Ese tesón expresado con tanta naturalidad como determinación por los paisanos de ambos lados de la frontera merece una compensación justa para cerrar sin fisuras ese diálogo pendiente entre el hombre y el medio natural.