De este modo, podemos concluir que los responsables directos en las cuestiones de empleo y desempleo no público son las empresas particulares; y el responsable indirecto puede ser el Estado o el Gobierno del Estado.

Con la crisis actual, en la que está sumergida gran parte del mundo y especialmente España, han debido arbitrarse unas medidas de reajuste de la economía y, con ella, de las políticas que afectan al empleo. Dependiendo de las políticas, es natural que sean diversas las medidas de «reajuste» y, por tanto, de las soluciones arbitradas con repercusión (seguramente importante) en el empleo. Sin despreciar a otros países, de Europa y fuera de Europa, me voy a referir a dos de los países implicados: España y los Estados Unidos de América del Norte.

No voy a referirme hoy a las cuestiones de sueldos de funcionarios y congelación de pensiones, decisiones tomadas ya por España -y contestadas también-. Tampoco a la «Reforma Laboral», recientemente aprobada en el Parlamento, con la oposición de algún partido importante. De alguna manera, todas esas medidas tienen que influir en la creación de empleo, sobre todo la Reforma Laboral, a la que se ha calificado de «Reforma para el Despido» o con otros nombres alusivos a un efecto pernicioso para la verdadera creación de empleo. En realidad sólo favorece a las empresas que se vean en el trance de despedir a sus empleados y, naturalmente, a la estabilidad (o inestabilidad) de sus empleados. En otras palabras: las empresas pueden animarse a contratar, sabiendo, de antemano, que pueden tener más fácil el despido de sus empleados, si las condiciones de ganancias no son francamente favorables. Pero crear empleo indefinido, porque se les den ventajas a las empresas para contratar y mantenerse, que sería lo eficaz en la realidad, parece que no es apreciado con claridad, en esta Reforma, por empresarios y parados.

Mi objetivo principal, como se desprende del título, es referirme a la manera de encarar el asunto por parte del Gobierno Español y por parte del presidente de los Estados Unidos de América del Norte, señor Obama; y a las consecuencias inmediatas, ya insinuadas o anunciadas. El señor ministro de Fomento del Gobierno español anunció, aunque después se retractara en parte (y parece que esta rectificación beneficia a la provincia de Zamora en el tramo de AVE que va desde mi pueblo -Cernadilla- a Pedralba de la Pradería), la supresión de una cantidad considerable de Obras Públicas, ya en estado avanzado de aprobación, licitación o, incluso, de ejecución. El señor Obama, por el contrario, parece querer atacar la crisis con un aumento importante en el gasto para las infraestructuras de aquel enorme país.

El resultado distinto de ambas medidas no se oculta a nadie que razone un poco. La disminución de obra en España ocasionará el paro en muchas empresas cuya principal ocupación (casi exclusiva en algunos casos) se dedica a las Obras Públicas del Estado. El aumento de obra pública en infraestructuras, en la enorme y extensísima geografía norteamericana, aumentará la tarea de las empresas norteamericanas dedicadas a ese cometido, que resultarán insuficientes, y atraerá a empresas del ramo de otros países, entre ellos España. De hecho, además de la ocupación ahora existente en Estados Unidos por parte de empresas españolas, ya se ha anunciado una concurrencia mayor, que está a la expectativa hasta que el señor Obama y su Gobierno materialicen el anuncio de ampliación.

¿Qué dice esto con relación al título? No necesito aclararlo; pero lo haré para mi satisfacción personal y mayor posibilidad de comprensión de algún lector. Las empresas españolas dedicadas a la ejecución de infraestructuras -unas ya existentes y otras con posibilidad de creación- acudirán a la llamada de las autoridades estadounidenses, interesadas en disminuir allí el desempleo (además de crear riqueza en beneficio del erario público) creando allí puestos de trabajo o aumentando las nóminas ya existentes.

En otras palabras: decía al principio que la creación de empleo es competencia de las empresas y presentar las condiciones favorables al empleo es tarea del Gobierno de la nación. Pues bien; al reducir considerablemente el Ministerio de Fomento español las obras de infraestructuras, favorece (indirectamente, claro está) la creación de puestos de trabajo en infraestructuras de Norteamérica, ya que las empresas españolas, como otras de algunos países, crearán esos puestos de trabajo en Ultramar. Uno, indirectamente (el Ministerio de Fomento); otros, directamente (las empresas españolas), crearán puestos de trabajo en Norteamérica. ¿Serán los Estados Unidos tan generosos que, con un índice de paro, allí inusitado, aunque no llegue a la mitad del de España, admitan trabajadores extranjeros, antes de llegar a un real «pleno empleo» de sus conciudadanos? La respuesta es clara: Se creará empleo; pero con la ingente cantidad de agua del Atlántico por medio. ¿Irán a trabajar en Estados Unidos quienes han visto difícil trasladarse dentro de España?