La prohibición

JUAN JESÚS RODERO Si el debate llevaba desarrollándose ya varios años, lo mismo va a continuar, al menos hasta que la norma entre en vigor, a comienzos del 2012. Hasta entonces, en La Monumental catalana puede haber festejos taurinos, con toros, toreros y muchos espectadores, aunque según los detractores del espectáculo la mayor parte sean únicamente turistas ávidos de tópicas emociones fuertes.

La prohibición se esperaba, realmente, y eso que algunos partidos como PSOE y CiU habían dado libertad de voto a sus parlamentarios. Pero los 68 votos a favor y 55 en contra, parecen no dejar muchas dudas al respecto. Cataluña y los antitaurinos catalanes han alcanzado su objetivo, que sobre todo tiene un enorme componente político, una enorme utilización política, por mucho que se barajen otras coartadas argumentales por muy válidas que sean. Los nacionalistas exacerbados tienden cada vez más a establecer diferencias, a marcar su terreno y sus peculiaridades pretendiendo distanciarse de España y eso los lleva a dislates extremistas como el de ahora que no es el único sino uno más.

Quienes estaban a favor de la prohibición, ya se sabe los argumentos que manejan centrados en una postura humanitaria contra la tortura y muerte sangrienta del animal en el ruedo. Quienes estaban en contra arguyen con la tradición, el arte, y hasta los intereses económicos. Unos y otros tienen razones sólidas y convincentes. Pero los políticos de ahora mismo, que tanto gustan de hablar de libertad, tienen ya demasiada pasión por prohibir, lo que sea, lo mismo el fumar en sitios públicos que comer un «croissant». Los toros, ciertamente, es una fiesta en decadencia, apenas seguida por las generaciones jóvenes, y que en la Europa comunitaria, seguramente no tiene lugar y acabará por extinguirse. Pero eso es una cosa y vetar las corridas es otro, porque ello va contra la libertad y los derechos de los ciudadanos que gustan del espectáculo taurino, una costumbre que define a España en el concierto mundial.

Eso es lo que se ha afirmado desde el PP, contrario a la prohibición: que nadie obliga a ir a las plazas de toros y que por tanto sobra esa ley. Desde otros lados se ha respondido que lo mismo ocurre con otras leyes, que no obligan, y sin embargo desde la derecha se arremete contra ellas. Los más radicales apuntan que Cataluña no es la primera comunidad española que carecerá de corridas de toros pues ya Canarias hace años las suprimió, lo que es verdad pero por motivos bien distintos y comprensibles, y apuntan igualmente cómo la ley aprobada hace a Cataluña más europea y moderna y culta. En fin, que todas esas series de argumentaciones sirven más que nada para ratificar la sensación de utilización política que late vivamente en el fondo de esta norma tan innecesaria, por lo demás, como muchas otras -en la mente de todos- con que se cuenta desde que Zapatero gobierna, a bandazos, el país. Pero pese la dura presión de los colectivos antitaurinos, la cosa quedará ahí, en Cataluña, y no se extenderá más.