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ROSA VALDEÓN | ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA Hace poco más de un año me enfrentaba a una hoja en blanco -como en este preciso momento- buscando palabras que ilustraran el rol vital de las Corporaciones locales en el devenir de nuestra democracia. En la complejísima situación que atravesamos, en la que los acontecimientos se suceden a velocidad de vértigo y no siempre para bien, los apenas 14 meses transcurridos desde la conmemoración del 30º aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos, el 19 de abril de 1979, parecen una eternidad. Sin embargo, tengo la convicción de que las ideas y reivindicaciones que puse sobre la mesa en aquella jornada no han hecho sino incrementar su vigencia desde entonces.
El bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, desde el inicio hasta el final del día, depende en buena medida de los servicios prestados por los Ayuntamientos. En muchos casos, por desgracia, dando respuesta a deficiencias en ámbitos que exceden sus límites competenciales.
A su vez, y más allá de cubrir las necesidades de cada municipio en todos los aspectos imaginables -seguridad, transporte, saneamiento, gestión de residuos, limpieza viaria, asistencia social, ocio y un larguísimo etcétera- los entes locales han enseñado ya a varias generaciones de españoles a vivir de acuerdo a los principios de libertad, justicia y convivencia.
El municipalismo -como corriente de pensamiento y práctica política- no se sustenta tan sólo en planteamientos doctrinales. Nada más lejos de la realidad. Está compuesto muy particularmente por los alcaldes y concejales, hombres y mujeres que han dedicado tiempo y esfuerzo a defender los derechos y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos y ciudades y, por encima de todo, de sus habitantes. Todo ello, trascendiendo siglas u orientaciones ideológicas, para convertir la política en el acto de entrega y generosidad que nunca ha de dejar de ser.
Con lo que acabo de exponer en mente, me resulta aún más incompresible la decisión del Gobierno de España de golpear a las Corporaciones locales en el rostro de la ciudadanía. No encuentro una imagen más gráfica para describir los efectos de la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de restringir el acceso de los Ayuntamientos al crédito, a partir de enero de 2011.
Una vez más, la falta de un modelo de gestión capaz de dar una respuesta adecuada y coherente a la crisis integral que padecemos se traduce en medidas desesperadas. Éstas -de forma recurrente- castigan a los sectores más débiles de nuestra sociedad y a los colectivos y entidades con menor responsabilidad en la construcción del actual escenario.
Valgan como muestra las cifras siguientes: el déficit de las Corporaciones locales supone el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 2,2 de las Comunidades Autónomas y el 9,5% de la Administración Central. Asimismo, la deuda pública de los Ayuntamientos suponía, a la conclusión de 2009, tan sólo un 6,2% del endeudamiento del Estado en su conjunto, por un 15,4% autonómico y el 78,4% en el caso estatal.
Por tanto, resulta evidente que el Gobierno de España continúa aplicando una estrategia de firmeza con el débil, que condena a quienes percibe como eslabones más frágiles de la estructura del Estado; aun a sabiendas de que son los ciudadanos, y especialmente aquellos con menos recursos, los que pagarán los efectos negativos sobre la capacidad de inversión municipal del Decreto ley de ajuste.
Esto es así, entre otros aspectos, dado el papel de los Consistorios como vector de distribución de la riqueza, que hace llegar a los hogares, del modo más cercano y eficaz, lo que éstos aportan a través de sus impuestos; siempre con el objetivo último de resolver sus demandas más inmediatas.
Además de los efectos de esta estrategia del recorte por el recorte, resulta preocupante la falta de perspectiva sociopolítica del Ejecutivo Zapatero. Una ausencia de capacidad de análisis que le impide percibir cómo coartar las posibilidades de actuación de los Ayuntamientos debilita a la sociedad en su conjunto. Después del núcleo familiar, son los entes locales -como gestores de la convivencia ciudadana en su ámbito más próximo- quienes conforman nuestro mejor escenario de socialización.
En este punto, siento incluso cierto rubor por sacar a colación necesidades ya manidas, pero imprescindibles, como un nuevo modelo de financiación local, que garantice por fin la suficiencia financiera de los Ayuntamientos. Sin embargo, un contexto crítico no puede servir de excusa a nadie para eludir la responsabilidad de una acción política negligente, barriendo de escena las reivindicaciones, la divergencia y el sentir de aquellos que sabemos que existe otra forma de hacer las cosas,
Sea como fuere, quienes componemos el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora haremos lo que esté en nuestras manos para mitigar el impacto de la decisión del Ejecutivo Zapatero sobre nuestros ciudadanos. No existe forma mayor de hipocresía que la que exige sacrificios que no se está dispuesto a asumir en carne propia. Por tanto, los vecinos de La Bien Cercada pueden contar con nosotros.
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