Fiesta y descanso, dos derechos que deben ser compatibles

Las fiestas de San Pedro de 2010 pasarán a la historia, inevitablemente, como las fiestas de la crisis. Los recortes impuestos por la situación económica que afecta de lleno a las arcas municipales provocaron una reducción del programa con el fin de ahorrar 100.000 euros en el presupuesto. El equipo de Gobierno municipal tuvo el acierto de compensar la escasa participación que podría derivarse de unas actividades mermadas en número y variedad con otorgarle el supremo protagonismo a las peñas. Un fenómeno reciente, cuyo crecimiento ha resultado espectacular en pocos años y que se ha convertido en la excusa para que miles de jóvenes pueblen las calles de la ciudad hasta transformar su estampa radicalmente durante los días del solsticio de verano.

Las calles de Zamora han sido estos días el verdadero escenario de las fiestas, se han inundado de jóvenes que han animado los conciertos, las hogueras y los demás espectáculos, pero además, han prestado su alegría y su presencia revitalizante a una ciudad de la que los más agoreros aseguran con frecuencia que no vive sino que sestea.

La inédita postal de una Zamora poblada por jóvenes festeros no ha dejado indiferente a nadie y en ocasiones ha sido, lamentablemente, para mal. Para los vecinos del casco antiguo y de los Barrios Bajos, especialmente los que habitan en los entornos de la Plaza Mayor, de la plaza de Santa Lucía y de la calle Zapatería las ferias se acabaron convirtiendo en un estorbo. Durante los días de fiesta arreciaron las quejas de los afectados que han tenido que soportar no solo los ruidos propios de verbenas y actuaciones, sino el comportamiento a todas luces incívico de algunos de los jóvenes que confundieron fiesta con libre consumo de alcohol en la calle. Los que defienden su derecho a divertirse deben saber que el límite al mismo no es otro que el obligado respeto al derecho de quienes, por las razones que sean, pretender descansar. Las peñas deberían tenerlo en cuenta para ediciones futuras, de manera que resulte posible compatibilizar fiesta y vida ciudadana.

Los orines, que han llegado a traspasar puertas de viviendas en los Barrios Bajos, vomitonas y demás censurables consecuencias de los innumerables botellones que se han concentrado estos días en varios puntos de la ciudad no tienen justificación alguna. Y mucho menos los comportamientos vandálicos de algunos grupos de jóvenes, afortunadamente minoritarios.

La comprensible relajación de las autoridades en la aplicación de ciertas medidas coercitivas durante las fiestas patronales no debe significar desentendimiento ante el atropello de los derechos de una parte de la ciudadanía. Y, sin embargo, eso es lo que ha ocurrido. O al menos así lo han denunciado un gran número de vecinos en las páginas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, extrañados, además, por el hecho de que apenas hayan transcurrido unas semanas desde que el Ayuntamiento aprobara la ordenanza que castiga este tipo de actitudes incívicas. Es cierto que los ciudadanos se quejan igualmente cuando las autoridades esgrimen la política de palo y tentetieso para guardar la ley, pero entre la persecución a ultranza del infractor hasta hacer confundir ese celo con el afán recaudatorio y la pasividad ante el consumo de alcohol en la vía pública por parte de menores, como ocurre habitualmente, existe un punto intermedio.
Fueron efectivos los controles de la Policía Municipal establecidos y que podían verse, ya de mañana, en los puntos de salida de la ciudad. Pero algunos vecinos echaron de menos una presencia más disuasoria durante las horas de la noche que hubiera evitado el desmadre de una minoría excesivamente ruidosa.

Tampoco debería desdeñarse contemplar otras medidas como fomentar la utilización de recintos más alejados de la población a partir de determinadas horas, ya que ahora se cuenta con el recién inaugurado auditorio Vía de la Plata. El espíritu de fiesta debe ser compatible con el derecho al descanso. Todos, jóvenes y mayores, estamos obligados a respetar ciertos límites y las autoridades a hacer que se cumpla la ley.