Cooperación municipal

JOSÉ MANUEL DEL BARRIO Algunos colegas me sugieren que hable de la Agenda de Población que presentó hace unos días el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en las Cortes de Castilla y León. Empezaré diciendo que el documento, que se está enriqueciendo con las aportaciones de los agentes políticos, económicos y sociales de la región, es innovador en al menos dos cuestiones: cuando se reconoce que las políticas demográficas deben coordinarse con las políticas territoriales, económicas y sociales, y cuando se mencionan algunos tópicos sobre la población. Los más llamativos se refieren a la despoblación generalizada, el envejecimiento y la fuga de jóvenes. En el documento, sin embargo, echo de menos que no se constate, al menos con la suficiente claridad, que, en términos demográficos, las diferencias y los contrastes territoriales son parte de nuestras señas de identidad.

Los problemas demográficos de Castilla y León se concentran sobre todo en los municipios de menos de 2.000 habitantes. Desde el año 2000 han perdido el 4% de sus efectivos, la caída más aguda, tras Galicia y Asturias, de los municipios rurales de España. Y si el límite lo rebajamos a los 500 habitantes, estos municipios han perdido el 8,6% de sus efectivos, el porcentaje más alto de España. Por eso habría que rebajar el umbral de los 10.000 habitantes que aparece en la Agenda de Población y focalizar las medidas de actuación en los municipios rurales. Entre las 108 medidas que se proponen, echo de menos que no se mencione la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de gestionar el territorio con criterios supramunicipales. En Castilla y León tenemos 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población. 539 municipios y algo más de 4.000 localidades no superan los 100 habitantes. Como pueden imaginar, es una estructura insostenible en términos administrativos, demográficos, económicos y de capital social.

Por eso habría que plantear un debate a fondo sobre la urgente necesidad de gestionar el territorio desde criterios supramunicipales utilizando las figuras de las comarcas, las mancomunidades o los grupos de acción local. Este planteamiento obligaría a los actores locales a asumir nuevas funciones y responsabilidades, con lo que dejarían de trasladar la responsabilidad de los problemas de sus zonas a otras esferas (Junta, Gobierno central, UE). Además, permitiría que los alcaldes y los técnicos de los servicios sociales, la salud, la docencia, los agentes de desarrollo local y otras organizaciones de una misma zona cooperen entre sí. Y serviría sobre todo para poner orden donde hoy reinan el desorden y la descoordinación. ¿Ustedes creen que es coherente y razonable que las distintas entidades y administraciones que actúan en el mismo territorio encarguen estudios sobre los mismos asuntos o que repitan programas, proyectos o cursos de formación pagados con fondos públicos? Yo creo que no.

Por tanto, si la descoordinación y el minifundismo municipal influyen en el desarrollo y bienestar de la población, ¿cuándo cogeremos el toro por los cuernos?