¿Subir o bajar los impuestos?

FRANCISCO POVEDA BLANCO Esta es la cuestión que se debate en este país desde el inicio de la crisis ¡dichosos impuestos! La palabra dichoso tiene en el diccionario de la RAE un sentido positivo de felicidad y, también, un significado de molesto y malhadado. Estas dos versiones son las que parecen sostener, respectivamente, el Gobierno y el PP respecto a los impuestos. Para el primero son un medio excelente para obtener ingresos, de ahí su intención de modificarlos, y para el PP, son un mal que debería reducirse a la mínima expresión, por ello en el debate del Congreso exigió que bajasen como condición para colaborar en el pacto de Estado.

La aplicación y exigencia de los impuestos viene reconocida en la Constitución de todos los países. Hemos de aceptar que el Gobierno, al que le exigimos la satisfacción de las necesidades públicas en grado superlativo, intente, haciendo uso de sus prerrogativas legales, modificar las normas para atender el funcionamiento de la Administración y la satisfacción de nuestras no pocas demandas.

Por el contrario, la oposición considera que, tratándose de impuestos, cuantos menos mejor. Esta actitud sirvió durante el Gobierno de Aznar. Las rebajas permitieron estimular la economía en fase alcista y obtener resultados excelentes según el fundamento de la curva de Laffer. Parece extraño, sin embargo, que en la situación actual, cuando estamos embarcados en una crisis galopante, se quiera defender la teoría de las rebajas fiscales como piedra filosofal para resolver todos los males. En las crisis hay que dudar de que sus efectos sean positivos, porque la bajada generalizada de impuestos recortaría los ingresos, impediría alcanzar el equilibrio financiero, aumentaría el déficit y ahondaría más si cabe en la dificultad de cumplir las exigencias de estabilidad que nos exige Europa en grado superior al débil beneficio que reportaría a los contribuyentes.

Además, una cosa es predicar y otra trigo dar. Para captar votos es un arma indiscutible la proclamación de la maldad fiscal, y por ello se prometen las rebajas, como hizo Reagan, -«leed mis labios: no subiré los impuestos»- pero ya en el poder los aumentó, no los labios sino los impuestos. Angela Merkel que prometió en su campaña una importante rebaja, la ha aplazado hasta mejor ocasión, al contrario se plantea subir dos puntos el IVA. La UE que en breve puede exigir que se acaben las medidas de estímulo fiscal, tampoco recomienda a ningún estado miembro que en esta situación de crisis mundial reduzca sus tributos, sino que los suba cuando están bajos para alcanzar la consolidación fiscal, como es el caso del IVA en Grecia que estando en el 19% se le pide lo eleve hasta el 20%.

Es cierto que el equilibrio fiscal se debe afrontar también desde la perspectiva del gasto público, suprimiendo lo superfluo y el despilfarro, pero el Gobierno no debe abandonar a los ciudadanos ni a las pymes en estado de emergencia, debe incurrir en gastos productivos, impulsar la inversión, pero como la crisis comporta menor actividad, caída de rentas, reducción del consumo, y de la recaudación fiscal, salvo que se descubra la cuadratura del círculo, habrá que retocar el sistema tributario.

¿Hay que subir todos los impuestos? No, más razonable sería la reforma del sistema fiscal, de modo que unos impuestos bajasen para favorecer la inversión y el consumo, y otros aumentasen porque recaen sobre rentas no productivas, ociosas o consumos no deseables. Hay que mejorar la gestión tributaria y perseguir más el fraude. No sería malo que compensásemos la subida del IVA, tenemos tipos muy bajos respecto a la UE, con una bajada de cotizaciones a las Pymes. Que se añada al IRPF un nuevo tramo para rentas superiores a 100.000 euros. Que se equipare sin subterfugios la fiscalidad de los deportistas y artistas extranjeros a la de los foráneos. Que se grave más a las rentas altas de capital; que se anticipe la tributación de las Sicav sin dejarla para el futuro y que se incorporen a la correcta fiscalidad todo el submundo de clubes de alterne, de la prostitución, y demás actividades que, bajo la duda de su ilegalidad, no dejan de practicarse pero sí de tributar.

Reduzcamos la fiscalidad de las pequeñas empresas y autónomos si capitalizan sus beneficios y aplacémosla cuando se alcancen altos niveles de inversión. Elevemos el gravamen sobre el tabaco, el alcohol y los productos nocivos y peligrosos. Suavicemos la excesiva fiscalidad inmobiliaria, ya que la vivienda y demás inmuebles no tienen porque ser el maná para todas las administraciones, y el nivel de stock actual así lo exige. Reformemos la pétrea y anacrónica fiscalidad de los municipios, asentada en el ladrillo, porque con su derrumbe se provoca la bancarrota municipal. Metamos en cintura a las Comunidades Autónomas, para que no hagan más regalías fiscales y para que acaben con un endeudamiento desbocado, más fruto de la mala gestión y del despilfarro que de la acción eficaz a sus administrados o de la tutela a sus municipios, para quienes la Constitución reconoce una participación en sus ingresos que no han alcanzado siquiera a oler. Así que la cuestión no es si bajar o subir impuestos, sino reformarlos.