Marchando una de faisanes

JOSÉ LUIS MARTÍN RODRÍGUEZ Corruptio optimi pessima». Esta frase era muy significativa entre los antiguos. «Cuando lo mejor se corrompe se convierte en lo peor». Y ponían un ejemplo: «Del mejor vino sale el vinagre más ácido». Viene la frase como anillo al dedo en el asunto que está en mi propósito. Quiero hablar, en efecto de un caso «Faisán» que ha ocurrido en esta «piel de toro» que llamábamos España.

Ha sucedido algo parecido, aunque de otro cariz en los detalles, en la ciudad cordobesa de Baena; pero voy a referirme solo al más importante y más apropiado a la frase citada del repertorio tradicional. Me quedo con el «caso Faisán» del País Vasco. ¿De dónde la aplicación de la frase? Se ha dicho muchas veces que el faisán es manjar de reyes. Si se deja corromper el faisán, tal vez sea el ave de peor olor y consecuencias más funestas para quien lo ingiriera.

Pero aquí no se trata del ave que da nombre a un bar. Se trata de una institución (la de la Seguridad Nacional) que bien orientada cumple una función óptima en la marcha del Estado de Derecho y más aún si se encamina a desterrar de nuestro país la execrable lacra del terrorismo. Siendo fiel a su cometido sería, analógicamente, el «faisán» de las instituciones de nuestra democracia. Pero desde lo «óptimo» de un cometido fielmente ejercido, algunos miembros de esa institución, peligrosamente corrompidos, han despedido un hedor tan nauseabundo que han llenado de ese mal olor todo el ambiente español de las personas de bien. Ha sido tan nauseabundo porque han traicionado a su propio Cuerpo, del que han sido asesinados por ETA muchos miembros y a muchísimos otros españoles también víctimas de ETA.

El hecho es del dominio público porque se muestra evidente. El 4 de mayo de 2006, el dirigente de la sección encargada de extorsionar recaudando para la organización terrorista ETA, dueño del bar «Faisán», recibió el aviso, por parte de alguien de la misma Policía Nacional, de que se preparaba una detención de «recaudadores» para la contribución a las operaciones de la banda. La investigación del caso ha llegado hasta formular un informe en el que constan varios nombres de policías. Estudiando llamadas de móviles, cruzadas entre sí, parece que está implicado el que, en el momento de lo que ha dado en llamarse «el chivatazo», era el director general de la Policía, nombrado por el Gobierno para ese cargo y retirado del mismo cuando se tuvo noticia de que el caso estaba descubierto y expuesto a la opinión pública.

El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso era el juez Grande Marlaska, sustituto del juez Baltasar Garzón Real que disfrutaba un permiso de estudios en los Estados Unidos de América. La eficaz investigación llevaba un ritmo normal y parecía que la solución del caso se ofrecía rápida y esclarecedora. El regreso del juez Garzón supuso que el caso pasara a sus manos (normal, puesto que el juez Grande Marlaska lo sustituía en su ausencia). Y el juez Garzón, de modo incomprensible para la opinión pública, ha mantenido encerrado en un cajón de su despacho el expediente del «caso Faisán» durante ¡cerca de tres años!

Hasta que un buen día, hace poco, el Fiscal General del Estado dio al juez Garzón la orden de «archivar» el caso. Fue, en efecto, «un buen día», porque esa decisión del Fiscal General encendió las alarmas y suscitó un clamor general que ha llevado a acciones muy influyentes en el desarrollo de los acontecimientos.

La investigación periodística ha llegado hasta saber que, antes del regreso del juez Garzón, se quiso invitar al juez Grande Marlaska a que abandonara el caso hasta que regresara el juez Garzón. Para ello se le tentó con la oferta de nombrarlo juez «enlace con el Reino Unido». Afortunadamente el juez Marlaska rehusó el ofrecimiento y continuó con el caso hasta que, habiendo regresado el juez Garzón, la normativa lo obligó a resignar sus actuaciones a favor del titular al que sustituía.

Otro juez, en cambio, esgrimió ante los etarras este «chivatazo», como muestra de buena voluntad del Gobierno, en la negociación durante el llamado «proceso de paz». Éste forma parte hoy del Consejo Superior del Poder Judicial, propuesto por el partido del Gobierno. ¿Será lo opuesto a aquel «Roma no paga traidores» dicho a los asesinos de nuestro paisano Viriato?

El principal partido de la oposición, al entender que el «caso Faisán» es uno de los mayores escándalos que vulneran la esencia de la democracia española, ha solicitado personarse en la causa. De nuevo sorprendentemente, el juez Garzón ha demorado la resolución referente a tal personalización. También ha tomado parte en el ataque al «olvido» del caso la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Y lo más importante en este momento es que, contra la «indolencia» del juez Garzón y la orden del Fiscal General para que el citado juez «archivara el caso», la Sala Segunda de la Audiencia Nacional se hace eco del clamor general y ha dado orden al juez Garzón para que, en lugar de cerrarlo, active el caso y tome declaración, de nuevo, a policías ya antes interrogados y algunas personas más que antes no estaban en la lista. El juez Garzón, actuando ahora conforme a su proverbial diligencia, ya ha citado a tres policías para tomarles declaración, de nuevo, acerca de la imputación, señalada por la Sala, de «revelación de secreto» y «colaboración con banda armada», ambos delitos de índole gravísima.

Ante esta resolución de la Sala de la Audiencia Nacional queda todavía en el aire alguna pregunta, si bien tranquiliza la frase «el juez Baltasar Garzón Real o quien lo sustituya». La frase previene una posible sanción del juez Garzón por la que fuera retirado del caso o de su cometido en general. Pero ¿qué ocurrirá si tal retiro no se produce? ¿Ofrecerá garantía suficiente ordenar que siga adelante con el caso el mismo juez que lo ha tenido paralizado durante tanto tiempo, es decir, quien ha hecho todo lo que estaba en su mano para que la Justicia y el Pueblo Español no conocieran con total precisión qué ocurrió y quiénes actuaron ejecutando y dando órdenes para eso que se llama «el Chivatazo»?

El asunto es de tal gravedad que debe esclarecerse hasta las últimas consecuencias. Se ha comparado con frecuencia este caso con el GAL de antaño. Entonces quedó una incógnita; hubo una «X», precisamente formulada por el juez Garzón, encubierta por el juez Bacigalupo. En el caso actual hay que llegar al esclarecimiento sin incógnitas: investigación de la «A» a la «Z», sin letra intermedia alguna no esclarecida.