Hace unos cuatro años, allá por agosto de 2006, el entonces alcalde del municipio sanabrés de Peque, Rafael Lobato, nos puso en el mapa y en todos los telediarios al ofrecer el Ministerio de Industria más de dos mil hectáreas de terrenos comunales (con una veintena eran suficientes) para instalar el futuro almacén temporal de residuos radiactivos, más conocido ahora por la siglas ATC. El alcalde estaba convencido de que el cementerio nuclear era la solución a los problemas de despoblación y falta de servicios de su municipio, situación de la que acusaba sin tapujos a la Diputación y al Gobierno autónomo, instituciones gobernadas por su propio partido. Se le nublaron los ojos a Lobato al conocer que el almacén de marras supondría una inversión de 1.000 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo durante los cuatro o cinco años de duración de las obras de construcción, más otros ciento y pico empleos directos y permanentes, gracias a un parque tecnológico anexo y a un vivero de empresas que llevaba aparejado el proyecto. Y de propina, el Ayuntamiento ingresaría en torno a diez millones de euros anuales en concepto de impuestos, compensaciones y ayudas, lo que hacía si cabe aún más atractivo este caramelo para los menos de doscientos habitantes del municipio.

Le faltó tiempo al alcalde sanabrés para montarse su particular cuento de la lechera y cuando hizo pública su iniciativa, antes de que media provincia se le tirara a la yugular, ya le había encontrado destino a tanta pasta para convertir su pueblo en Jauja: los emigrantes podrán volver al pueblo, en la selección de trabajadores se primará a los habitantes de la zona, podremos arreglar por fin los siete kilómetros de la carretera provincial de acceso a Peque, nos daremos a conocer en toda España y podremos mejorar las infraestructuras sanitarias de la zona. Era sólo un avance de urgencia de las muchas bondades que presuntamente contenía su osada propuesta, que también había explicado por escrito al presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy. Lo que ocurrió después ya lo saben, pero lo recordamos: plataforma comarcal de oposición a la propuesta, manifestación de dos mil personas por el pueblo, desautorización del alcalde por sus propios correligionarios, protesta generalizada de los grupos ecologistas, rechazo frontal de los municipios del entorno y de provincias limítrofes, lavada de manos de la Administración autonómica «por no ser un asunto de su competencia», referencias gubernamentales a la proximidad de Peque a un parque natural para considerar «inviable e improbable» la iniciativa? Lobato acabó causando baja en el PP y se quedó más solo que la una con su invento.

El debate que aquí vivimos hace tres años y pico se ha reproducido ahora en Yebra (Guadalajara), en Ascó (Tarragona) y en los municipios segovianos de Bernuy de Porreros, Campo de San Pedro y Fresno de Cantespino. En estas localidades de Castilla y León el clamor popular ha dicho que nones al cementerio, después de que los partidos a los que representan estos alcaldes se hubieran posicionado en contra, incluido el líder regional socialista y diputado por Segovia, Óscar López, que esgrimía la condición turística de su provincia para rechazar el ATC. A punto de cerrarse el plazo quedarían como municipios candidatos a albergar el almacén los dos primeros, uno de Castilla-La Mancha y otro de Cataluña. Pero sus respectivos presidentes autonómicos han sido rotundos en su negativa, que basan en un mismo argumento: nuestras comunidades ya contribuyen con la energía nuclear y por cuestión de equilibrio territorial, de cohesión y de solidaridad deberán ser las zonas no productoras las que carguen con el muerto. Que esto lo diga el presidente manchego tiene un pase, pero que sea Montilla (impulsor del ATC cuando era ministro, además) quien se atrinchere en la excusa de la solidaridad? ¡manda huevos!