Sospechas mutuas

JUAN JESÚS RODERO Reciente aún el show de PP y PSOE locales, con los parlamentarios conservadores anunciando, como si no se supiese, que durante los años de gobierno de Zapatero el paro había aumentado en Zamora en tres mil personas, a lo que siguió la réplica socialista admitiendo el dato innegable pero advirtiendo que durante ese mismo periodo de tiempo se habían creado en la provincia seis mil nuevos puestos de trabajo, llegan ahora nuevas disputas y polémicas, con cruces de acusaciones y sobre todo de sospechas, entre los portavoces en las instituciones locales de los dos grandes partidos.

Con fondo electoralista, y eso que aún falta un año largo para los próximos comicios municipales, pero los partidos y sus representantes gustan de madrugar en su afán de mantenerse o de montarse en la burra del poder. Así que desde el PP se protesta airadamente y se esgrimen sospechas no sólo ya contra el tamaño de los carteles, igual que antes, en los que se anuncien las obras del nuevo fondo estatal para los municipios, destinado como se sabe a paliar el desempleo, sino sobre todo porque dichos carteles habrán de permanecer obligatoriamente hasta tres meses después de finalizados los trabajos. Blanco y en botella, han dicho los suspicaces populares y entendiendo que la mayoría de las obras se acabarán a últimos de año, resulta que con la permanencia de los carteles los del PSOE contarán con una segura propaganda en época electoral. Por cierto que en algunas carreteras provinciales, arregladas por la Diputación, los carteles de las obras siguen no sólo meses sino incluso años después de haberse ejecutado. Pero no menos suspicaces se muestran los socialistas que sospechan que la Diputación adelanta los planes provinciales de obras a los municipios del partido que gobierna la institución, el PP, con la estudiada intención de que los trabajos se realicen durante el presente año y puedan estar finalizados para las elecciones del próximo. Para los diputados del PSOE el hecho es una prueba evidente de falta de equidad y justicia, pues en cambio a buena parte de los ayuntamientos socialistas no les quedará más remedio que efectuar las obras entre 2010 y 2011, lo que significará que no estarán a punto para cuando llegue la hora de la cita en las urnas. Realmente, esto de los planes provinciales es un asunto viejo y repetido porque siempre la oposición se queja de trato discriminatorio a sus ayuntamientos, y así es, seguramente, aunque lo que también resulta seguro es que si fuesen ellos los que mandasen harían otro tanto, que cada cual barre para casa.

Pero estas mutuas sospechas parecen poca cosa si se comparan ahora con las que se acumulan en torno al compromiso de compra por el anterior equipo de gobierno municipal de un edificio que iba a salirle al Ayuntamiento de Zamora, o sea a todos los zamoranos, por la friolera de 52 millones de euros. La Fiscalía General del Estado ha admitido la denuncia de IU y ha ordenado una investigación sobre el caso y en concreto sobre la posible sobrevaloración de la operación, por si hubiera delito o irregularidades en la misma. Los del PP anuncian que colaborarán en lo que haga falta y desde la oposición se remitirán al fiscal más pruebas. A ver si al menos así se aclara y se explica lo que pasó.