La dignidad de las víctimas del terrorismo

MANUEL-JESÚS DOLZ LAGO (*) La Fundación Manuel Broseta, a través de su secretario, Vicente Garrido, tuvo la amabilidad de invitarme a disertar sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal en defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, en un día, el 4 noviembre 2009, en que afortunadamente no hubo atentados terroristas ni tampoco en fechas inmediatas anteriores ni posteriores. Atendido este hecho, me gustaría hacer dos breves reflexiones. La primera es que cualquier consideración sobre la defensa de la dignidad de las víctimas debe tener en cuenta que es necesario asegurar su protección siempre y para siempre, eternamente, a pesar de los vaivenes inevitables de la vida, que expresa el Eclesiastés 2, 24, en su versículo Vanidad de los esfuerzos humanos: El hombre dominado por los acontecimientos humanos. Esa protección debe hacerse desde un profundo respeto a su dignidad personal y, por qué no decirlo, con ese verdadero amor y comprensión que no conoce el olvido. Esto supone estar, en cierto modo, al margen de la desgraciada actualidad del último atentado, es decir, atender a las víctimas desde una infraestructura estatal (y autonómica) estable y eficiente. Con esa finalidad, se creó por RD 1885/1996, de 2 agosto, la Subdirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. En fecha 8 septiembre 2006, el Consejo de Ministros elevó la categoría de la Subdirección General a Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, estructurada en dos Subdirecciones generales, una de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y otra de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, integrada en la Subsecretaría del Ministerio del Interior, siendo su titular, el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, José Manuel Rodríguez Uribes. Junto con ello, las Asociaciones de Ayuda a las Víctimas, integradas o no en la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, realizan una gran labor. La Fiscalía, tan vapuleada en algunas ocasiones, también forma parte de esa infraestructura estatal, en su calidad de defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, junto con la Abogacía del Estado y los Tribunales de Justicia, aportando a la defensa de las víctimas su esfuerzo organizativo tanto para lograr una justa reparación del «irreparable» daño ocasionado (victimización primaria) cuanto para evitarle perjuicios derivados de su intervención en el proceso judicial abierto (victimización secundaria). Dicho esto, la segunda consideración que quisiera hacer procede de la voz de las víctimas. Como me indica mi compañera Olga Sánchez, que fue la fiscal encargada del proceso penal del 11-M y que atesora una gran experiencia de protección y ayuda a las víctimas del terrorismo, la Fiscalía también tiene que esforzarse en dar una protección más humana a las víctimas implicándose en sus problemas personales, familiares y sociales, buscándole soluciones, porque ellas piden Justicia. Mª José Salazar, víctima del 11 M, en una ponencia impartida en julio 2006 en la Universidad Carlos III de Madrid, titulada «Soy víctima: ¿son compatibles los sueños con el dolor?», decía: «El dolor es evidente que pervivirá siempre en paralelo con mi existencia, pero los sueños; algo que creía vetado para mí, observé que aún los tengo. El primero se resume en una palabra, la palabra JUSTICIA…». En este sentido, es bueno recordar que, desde el Digesto romano de Justiniano (530 d.C), se define la Justicia como constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. El Ministerio Fiscal es el órgano de relevancia constitucional promotor de la Justicia (ex art. 124.1º CE) y en estos casos es de estricta Justicia dar a estas víctimas lo que quiso arrebatarles el terrorismo, la dignidad, a través del reconocimiento y del tratamiento que merecen como seres humanos, que no deben perder la esperanza en el hombre aunque éste haya sido un lobo para ellas, como expresa la frase latina Homo hominis lupus, en conocida expresión clásica atribuida a Plauto hace 2.200 años.

(*) Fiscal del Tribunal Supremo