DONACIANO BARTOLOMÉ CRESPO
Muchas veces lo escuchamos en plazas, calles y campos. No sé cómo aguantamos tanto. Y es en parte cierto. Estos políticos nos engañan primero y luego se forran. Ya nos resulta familiar ver a políticos de todos los rangos, partidos, zonas geográficas, esposados, custodiados por la policía, ingresar en la cárcel. O verse fulminados por su jefes, expedientados, echados del partido, suspendidos de cargos y militancia, y los administrados echarse las manos a la cabeza y decir, ya nos parecía que llevaban un tren de vida superior a sus posibilidades. En cierto sentido el sistema fundado en la confianza que se deposita en los gobernantes elegidos se resiente. Muchos no son merecedores de ella. Y todos perdemos un poco puesto que si cunde la desconfianza, no tenemos a quién mirar, de quién fiarnos. Y los propios partidos pierden igualmente en credibilidad y se les empieza a ver como un mal menor.
Y sin embargo deberíamos estar agradecidos y reconocidos que haya personas dispuestas al servicio público mediante la participación en los partidos políticos. Nuestra Constitución hace descansar sobre ellos la grave responsabilidad de organizar una gran parte de la vida pública. Ya el artículo 6 de la Constitución determina que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la institución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. En el artículo 23 se establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Lo perverso del sistema es que quien no se integra en un partido difícilmente por libre o independiente puede ejercer ese derecho de participar con éxito en la gestión de los asuntos públicos. Y por tanto aun cuando sean una minoría quienes votan, se otorgan la representatividad del 100%. El voto no emitido de los disconformes se va a la papelera. No hay voluntad ni forma de articular estructuras para que esos altos porcentajes de abstenciones que se registran en casi todas las elecciones tengan voz clara y organizada. O te asocias, o no cuentas.
Los partidos tienen sus estatutos y amplios. Transferida esa enorme responsabilidad tendrían que ser los propios partidos quienes vigilasen estrictamente a quienes han encomendado representamos y administrar la confianza, los bienes y gran parte de la vida de la ciudadanía. Es lamentable que tengan que ser los jueces o la policía quienes después de mucho trabajo y años descubran algunos casos de apropiación indebida. Los propios de los partidos tendrían que mantener a raya a los suyos y al primer signo de abuso actuar sin contemplaciones. A la calle. Y vemos con frecuencia lo contrario, los defienden y defienden hasta que ya estando en las cárceles, no van a seguir de diputados, concejales alcaldes u otros cargos electos o de confianza. Y también puesto que los partidos reciben buenas partidas de dinero público, que fueran ellos quienes restituyeran a los defraudados lo sustraído. Tal vez por esa vía cuidarían más de mirar a quienes proponen y a quienes mantienen. Y por supuesto podar y podar sus sueldos. Es intolerable que se cobren cantidades que se avergüenzan hasta de decir.
A dos años de las elecciones los partidos se tienen que regenerar. Lo grave es que han crecido demasiado tiempo de espaldas a lo que se escribe y se piensa. Ellos se encargan de no reformar el sistema para que de verdad el descontento con su gestión se viera reflejado en los dineros que cobran. Los miles de personas que sin oficio, ni beneficio han hecho de la militancia, su negocio, su profesión, su modo de vivir, oscurece el honrado ejemplo de otros políticos y que no dudamos son una inmensa mayoría, que dedican al trabajo público más de lo que reciben.
