El truco del pobre Simón

RUFO GAMAZO RICO Al menos Jordi Pujol apoya sin tapujos que la Iglesia se oponga al aborto. «Alguien tiene que defender la vida», escribe el veterano político catalán. En efecto, el derecho a vivir debería estar presente, sin excusa ni subterfugios, en la discusión parlamentaria del llamado proyecto «Aído». La Iglesia en cumplimiento de un deber esencial, ha tomado parte en el tremendo contencioso que divide a la sociedad; sólo los hipócritas redomados y los ignorantes voluntarios podrían confesarse sorprendidos por la indeclinable postura cristiana ante la vida y la muerte. Sin embargo, la defensa de la vida no es un deber exclusivo de cristianos; obliga a todos los hombres, con independencia de sus creencias y normas religiosas de moral. ¿Acaso vivir no es un primordial derecho humano, y quitar la vida no entraña un delito de lesa Humanidad? Entonces el aborto bien puede considerarse como una reducción violenta de la especie humana. Por eso llama la atención la frase de Jordi Pujol, ciertamente amarga y desconsoladora: «Alguien tiene que defender la vida»; en cierto modo denuncia que el derecho del nascituro a la vida no cuenta, aparte la Iglesia, con muchos convencidos defensores.

«Se veía de venir», diría en castizo: Los obispos, por boca del portavoz de la Conferencia Episcopal han dado un oportuno aviso a los parlamentarios católicos que decidirán con su voto la nueva ley del aborto. El secretario general Martínez Camino ha explicitado las «generales de la obra»: los principios y mandamientos de la moral católica, relacionados con el tema. «Verba nova et vetera», habría comentado un seminarista anteconciliar: doctrina antigua y actual. Es firmemente imperativo, sin una sola excepción, el mandato «No matarás al inocente»: ¿Cabe seguridad de inocencia más justificada que la del nascituro? El portavoz de los obispos no ha hablado de delitos sino de pecados, que es materia en la que por designio fundacional la Iglesia se considera competente, aunque algunos sedicentes católicos se lo discutan. Sin duda, el obispo Martínez Camino ha procurado dejar muy claro lo que tienen de herético y pecaminoso los apoyos parlamentarios a la proyectada legislación abortista. Nadie se ha permitido poner en duda los conocimientos del portavoz, en Teología Moral; pero se ha censurado su discurso como una intromisión intolerable de la Iglesia en asuntos que le son ajenos. Cuando se recaban y aplauden opiniones de asociaciones cortas en número e ignaras en la materia, se rechaza la libertad de adoctrinamiento a una secular comunidad tenida por docta absolutamente mayoritaria en España. Por otra parte, se le niega a la Iglesia respecto a los fieles la autoridad que atrabiliariamente se atribuye a los partidos sobre sus militantes; se amenaza al parlamentario que no vote en línea con su partido y se le niega al católico el voto en conciencia; se da el caso peregrino de que el socialista católico pone la autoridad del partido sobre la de la Iglesia. Aún menos racional parece la ocurrencia del diputado peneuvista que se ha permitido afirmar que la doctrina de la Conferencia Episcopal no es compartida por toda la Iglesia y todos los obispos; al personal le gustaría que algún obispillo disidente diera un paso al frente para no dejar en mal lugar al político nacionalista.

«El que apoye el aborto no puede comulgar». No es una prohibición que se haya sacado de la manga monseñor Martínez Camino; la explicaba hace unos años el cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI. Dura es esta doctrina, se quejaban en su tiempo los discípulos del Cristo. Pero así son las cosas. Parece lógico que no pocas conciencias se sientan inquietas, escocidas por el aviso de la jerarquía católica; tal vez, en el difícil brete, se le ocurrirá a algún parlamentario recurrir a la excusa del pobre Simón, el folklórico personaje que para no colaborar en los trabajos comunes, se proclamaba ajeno a la parroquia. El Emérito espera que la votación sobre el aborto será una radiografía de la realidad católica de España.