JUAN JESÚS RODERO
Que la corrupción es algo que sucede en todos los países del mundo, y tanto en democracias como en dictaduras, es algo que se da por sabido. Incluso existe un observatorio de corruptores y corrompidos que elabora cada año una clasificación internacional de la corrupción, en la que España ocupa ya un lugar destacado. Así que no tendría que esforzarse tanto la actual clase política, denostada y despreciada por la sociedad ante los constantes escándalos que se van conociendo, en pretender ver el asunto como una consecuencia más de la condición humana que también afecta, y en todos los lugares, a quienes se dedican a la política. Esto, sobre poco más o menos, es lo que ha venido a decir el alcalde de Valladolid, con muchos años de luces y sombras en el cargo, al declarar que los ciudadanos son tan corruptos como los políticos, prescindiendo de que la corrupción política se hace con dinero público, dinero de todos, y originando con sus palabras una nueva polémica en la capital de la región.
Y es que las declaraciones que, por otra parte, ese mismo día había pronunciado Rajoy en el Comité Ejecutivo del PP, reunión esperada con expectación e interés tras declarar el líder del partido que había tenido más paciencia que el santo Job y que iba ya a tomar medidas, parece que han tenido escasa repercusión entre los suyos, como lo demuestra a mayores la actitud de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que dio plantón al Comité y que aunque acata la decisión de imponer a Rato al frente de Caja Madrid, sigue haciendo la guerra por su cuenta y no sólo contra Gallardón y su lugarteniente, Cobo, sino contra Rajoy y contra quien sea. En realidad, lo del presidente nacional del PP fue el parto de los montes, una vez más. Con su tono adusto y recriminatorio habitual cuando comparece ante el Congreso y parece que nos echa la bronca a todos los españoles, ha manifestado que es inadmisible lo sucedido en el seno del partido, que indigna a los militantes y desconcierta a los votantes. Aparte de eso, quiso reafirmar su máxima autoridad -dime de lo que presumes y te diré de lo que careces- advirtiendo que es el responsable de todas las listas electorales del PP y que dejará fuera de las mismas a quienes actúen con deslealtad. Un aviso a navegantes, aunque él siga apoyando a Camps, que resulta una muestra más de la perversidad de un sistema, el de las listas cerradas, que otorga todos los poderes a los partidos, pues cosa distinta sería si los electores tuvieran que elegir personas y no siglas.
A eso se limitaron las medidas, y a repetir una y otra vez, tanto Rajoy como la secretaria general Cospedal, lo que era inadmisible, algo que de sobra se sabe. Porque hablar a estas alturas de códigos de buena conducta o de pactos anticorrupción, no es más que dorar la píldora de una situación que se ha convertido en exasperante para la opinión pública, convencida de que aunque no todos sean iguales hay mucha más corrupción de la que se conoce. En una reciente encuesta, el 80 por ciento de los sondeados creía que en sus municipios se daba alguna forma de corrupción. El hecho, en cifras, es que en los últimos diez años el importe movido por las tramas corruptas supera los 4.000 millones de euros.
