El edificio

JUAN JESÚS RODERO Al margen de la posibilidad, tan barajada por los grupos municipales de IU y PSOE en la capital zamorana, de que si el PP hubiese contado con mayoría estable en el Ayuntamiento no se hubiese rechazado, como acertadamente se ha hecho, la extraña y cara compra de un edificio municipal ejecutada por el anterior equipo de gobierno poco tiempo antes de celebrarse las elecciones locales, lo cierto y verdad es que la alcaldesa de Zamora y los suyos han demostrado en este sentido una clara determinación de llegar hasta donde sea necesario para anular definitivamente y de una vez por todas una operación que hipotecaba por largos años las paupérrimas arcas municipales.

En eso se está y la Corporación ya ha anunciado su intención de declarar la lesividad del asunto para el Ayuntamiento -declaración a la que se une de una u otra forma la oposición- como base para acudir al juzgado de lo Contencioso, toda vez que por ahora el Ayuntamiento descarta la vía penal que desde el PSOE se reclama. Los motivos que se argumentan son, entre otros, que se trató de un contrato privado, que se llevó ya firmado a la notaría, y que no se correspondía en absoluto con el acuerdo aprobado con anterioridad en pleno municipal, circunstancias que significan que el contrato firmado era ilegal y privado, aunque, eso sí, desde el PP se matiza luego -no se puede olvidar que sus antecesores eran del mismo partido- que todo fue un error pero que nunca hubo mala fe.

Una respetable opinión con la que no están de acuerdo, ni mucho menos, los portavoces del grupo de IU y del grupo socialista que instan a la fiscalía de Zamora a investigar de oficio si pudo existir prevaricación por parte de los responsables municipales de entonces, una época de muchas sospechas en torno al Ayuntamiento. Para la coalición de izquierdas, y en palabras de Guarido, hay que tener en cuenta, además, que la propiedad de la empresa constructora con la que el Ayuntamiento acordó la adquisición del edificio por un disparatado montante final de 52 millones, y que ahora exige una indemnización de dos millones de euros por daños y perjuicios si se rompe el contrato firmado, se ha visto presuntamente relacionada en los últimos tiempos con el caso Gürtel.

Sea como fuere, hace bien el Ayuntamiento, aunque sea debido a las circunstancias, al mantener el rechazo a tan extraño asunto y en luchar por conseguir en los tribunales la anulación de un acuerdo que efectivamente y se mire por donde se mire parece manifiestamente ilegal y lesivo a todas luces. Mientras, y a la espera de la decisión del Contencioso Administrativo, lo que debieran hacer todos los que forman la Corporación local es arreglarse con la Casa de las Panaderas y olvidarse de gastar dinero en una nueva casa, por muy necesario que parezca disponer de más superficie, que no están los tiempos para alegrías y dispendios sino para austeridad y ahorro. Aparte de que ya se sabe quiénes iban a acabar pagando el nuevo edificio: los de siempre, los ciudadanos.