Altura de miras para la fusión

RAFAEL MONJE La recta final que afrontan Caja Duero, Caja España y Caja de Burgos para culminar con éxito el proceso de fusión no está exenta de algunos baches que deberán de sortear desde el rigor, la responsabilidad de todas las partes implicadas y la generosidad de quienes tienen la verdadera capacidad de decisión. En síntesis, se trata de conjugar de la mejor manera posible dos escenarios a veces encontrados: el estrictamente económico en un momento de enorme dificultad y el propiamente humano que se deriva de cualquier ajuste de plantilla. Los informes técnicos que manejan las entidades sitúan el recorte laboral en un 21 por ciento, equivalente a unos 1.400 trabajadores entre las tres cajas. El asunto, por tanto, no es baladí, porque estamos hablando de un alto coste en materia de empleo en una Comunidad donde no hace tanto tiempo el mero planteamiento de destrucción de puestos de trabajo en este sector sonaría, cuanto menos, a inverosímil y onírico.

Por lo trascendido hasta ahora, las cajas pretenden alcanzar un pacto laboral previo a los acuerdos simultáneos de sus respectivos consejos de administración. Un pacto que debería materializarse en un plazo corto, no más de quince días a tenor de lo recetado por el Banco de España, y cuyo resultado permitiría salvar uno de los principales escollos de este proceso que parece ya irreversible. A ello hay que sumar, lógicamente, el cierre de oficinas, la definición de los órganos de gobierno, la elección de la presidencia de la gran caja y la ubicación de la sede ejecutiva. O sea, casi nada. Pero vayamos por partes, porque lo primero que toca es lograr ese pacto laboral en el que los sindicatos ya han puesto sus cartas boca arriba. Cabe, en este sentido, hacer una llamada a la responsabilidad de los sindicatos, de la que hicieron gala recientemente en el pacto que a la postre ha significado la viabilidad de la planta de Renault en Valladolid. Ahora se impone también esa altura de miras, tan necesaria para que este proceso de reordenamiento financiero, complejo pero viable, pueda igualmente ver la luz. Y, además, hacerlo desde el compromiso y el menor impacto social, para lo que bien podrían instrumentalizarse medidas de prejubilación en una plantilla que presenta, en un porcentaje similar al del coste laboral de la fusión, una edad propicia para este tipo de negociaciones. No tendría sentido, como lamentablemente hemos podido comprobar, el baile informativo que sucedió al desechado protocolo de integración, hasta el punto de que un mismo sindicato decía una cosa en Salamanca y otra bien distinta en León o en Burgos.

Es, en definitiva, un proceso que requiere de un compromiso serio y riguroso por parte de todos los afectados, más allá de localismos y del tira y afloja que se evidencia en cuanto alguien habla de futuras sedes y presidencias. Una negociación a tres bandas, con el amparo del órgano supervisor y el respaldo de las principales fuerzas políticas de la Comunidad, no debería reflejar esa débil conciencia regional, como tampoco tendría que presentarse el debate en términos de estériles enfrentamientos entre provincias, sino más bien en qué se puede hacer para mejorar los ratios de solvencia, la eficiencia y la gestión en beneficio de los castellanos y leoneses en general y de los impositores, en particular. ¿O es que alguien piensa que la gente deposita sus ahorros en una caja por el mero hecho de tener el mismo nombre que su provincia natal? ¿No será más bien que el pequeño ahorrador lleva sus dineros allá donde mejores condiciones y confianza le ofrezcan? Como dice un buen amigo, qué bien nos iría a todos si muchos trabajaran al día dos horas a favor de la empresa y no ocho en contra. Pues, eso.