La Fiscalía y la igualdad

RUFO GAMAZO RICO. Verdades de Pero Grullo: Todos los corruptos son iguales ante la Ley; la Fiscalía Anticorrupción no hace acepción de personas ni de partidos: persigue «las conductas corruptas, vengan de donde vengan y sean quienes sean sus autores». Palabras de Conde-Pumpido ante el Rey, en la apertura del Año Judicial; palabras que todo el mundo entiende aunque no todos las compartan. No faltará quien las interprete como «excusatio non petita»; sin razón puesto que el fiscal general del Estado respondía, sin citarlas «expresis verbis», a las acusaciones de parcialidad de Fiscalía, que viene reiterando un partido que representa poco menos que la mitad del censo electoral. Ayer mismo Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, insistía contumaz en la denuncia; parece evidente que Conde-Pumpido no ha conseguido convencer a Rajoy y su equipo que, por acumulación de casos presuntos, intentan demostrar la razón de sus quejas por el trato que reciben de la Fiscalía, distinto al del PSOE. Como prueba inconclusa de su afán por erradicar las prácticas corruptas, el fiscal general adujo que en 2008 habían aumentado en más del cien por cien las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Sería interesante, se maliciará el pepero reticente, saber el verdadero porcentaje de las que no dieron el resultado que probablemente esperaba el instructor al iniciarlas.
No hay duda de que es fácil de comprender el alegato de Conde-Pumpido; en realidad exponía «las generales de la obra», como suele decirse. La imparcialidad es quizá la más inexcusable garantía que puede exigirse a los administradores de la Justicia. La sabiduría popular la expresa con palabras indubitables, terminantes: «Palo al burro blanco;/ palo al burro negro./ Palo a todo burro/ que no ande derecho»; no se podría ejemplarizar con mayor claridad el universal principio de igualdad de todos ante la Ley. Además el pueblo llano pondera al juez imparcial que «no se casa con nadie», que no establece distingos intencionados entre chicos y grandes, nobles y plebeyos, socialistas y peperos. Conde-Pumpido afirmó en su Memoria del Año Judicial, que la Fiscalía ha procedido en todo momento con cuidado escrupuloso a las exigencias del Estado de Derecho. Así será cuando el fiscal lo asegura con toda su autoridad; así será aunque algunos lo duden o no se lo crean y exijan hechos fehacientes que lejos de contradicciones detectables, apoyen la afirmación.
Aparte connotaciones políticas que hacen inevitable la controversia, la Memoria presentada por el fiscal general del Estado revela una situación verdaderamente preocupante, o por mejor decir, alarmante. La delincuencia sigue creciendo. Se han contabilizado más delitos, en todas las modalidades consideradas, que el año anterior; llama la atención el número de homicidios; no extraña tanto el incremento de robos, que se había pronosticado como consecuencia natural de la crisis de la economía. Los números demuestran la penosa situación de la institución familiar; son más los casos de violencia de género y se han duplicado las agresiones de muchachos contra sus padres y maestros, y los delitos de pornografía infantil; se han incorporado al hampa nacional nuevas bandas mafiosas y ETA no cede en sus extorsiones y reitera sus amenazas. Los síntomas, más numerosos y peligrosos que el año anterior, acusan la gravedad creciente de una sociedad enferma, que reclama de los políticos, un diagnóstico serio y remedios valientes aplicados con urgencia. Pero los políticos están a lo suyo mientras que parte del personal se encandila con la posibilidad de un pacto... para lo que sea; la cosa es que empiecen a entenderse en algo.