Autonomismo útil

PACO ANTÓN Que no. Que los amigos de poner etiquetas a todo y a todos, de hacer divisiones entre buenos y malos, de repartir carnés ideológicos al tuntún y de ensalzar o fustigar al prójimo por su funesta manía de discrepar… se dejen de zarandajas. Quejarse de las desigualdades entre ciudadanos de distintas Autonomías o denunciar desajustes puntuales, duplicidades o inutilidades propiciadas por el Estado autonómico no es una cuestión de fachas o progres, que es a lo que algunos, con palmaria pobreza intelectual, tratan de reducir cualquier atisbo de debate sobre lo que funciona bien del sistema y lo que no. De estos «desarreglos» ya se dieron cuenta en 1982 la UCD y el PSOE al pactar la famosa LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), cuyo objetivo era poner un poco de orden en la transferencia de competencias a las regiones, hasta equiparar unas con otras, aspiración frustrada al año siguiente por la sentencia del Tribunal Constitucional que se cargó casi la mitad del articulado y negó el carácter orgánico y armonizador de la norma, que había sido recurrida por los nacionalistas catalanes y vascos. Ha llovido desde aquello, más de un cuarto de siglo, y el modelo territorial funciona mejor en algunas cosas y en otras tanto. Pretender convencernos de que ahora (un «ahora» que abarca gobiernos del PP y del PSOE) todo va sobre ruedas y es perfecto, no deja de ser una falacia de los interesados políticos del momento.
Y son ellos mismos, los políticos y dirigentes autonómicos actuales, quienes están poniendo de manifiesto estas imperfecciones y fallas del sistema autonómico, al recurrir por fin a la sensatez y a la apertura de miras para tratar de mejorar algunos aspectos de este estado de cosas. Si antaño Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González creyeron necesaria una Ley orgánica para armonizar las autonomías, fue porque no existía armonía o porque ésta era deficiente. Hoy, nuestro Gobierno regional acaba de apelar al «autonomismo útil» para justificar los convenios de cooperación que viene firmando o va a firmar con los ejecutivos de las comunidades vecinas (cuya finalidad es «mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas limítrofes»), lo que supone admitir tácitamente que cohabitamos también con un autonomismo inútil, inservible e improductivo. Desde luego no tenía sentido que un paciente de Castromil de Castilla, del municipio de Hermisende, tuviera que recorrer doscientos kilómetros para recibir asistencia hospitalaria en su provincia, teniendo a tiro de piedra el hospital de Verín, por imposición de una raya imaginaria que separa Castilla y León de Galicia. Y lo que vale para la sanidad, sirve para materias como la educación, la dependencia, el turismo, la cultura, la agricultura o el medio ambiente. Esto es lo que trata de arreglar la Junta con estos convenios de colaboración suscritos con otras autonomías.
De utilidad máxima fue calificada asimismo la reunión celebrada la semana pasada en Bilbao por seis comunidades próximas (Asturias, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y Castilla y León), para buscar acciones que beneficien a la industria y a la economía de todas ellas y la reducción de costes mediante programas conjuntos que impulsen la internacionalización. Suena más racional que sembrar Europa y medio mundo de embajadas autonómicas, desde luego. Pero todavía falta mucho por coordinar y desigualdades que limar entre autonomías. El salario social que recibe un parado vasco sin ingresos es de 641 euros, mientras un madrileño cobra 370. Cantabria tiene ayudas para reemplazar la lavadora y el Gobierno vasco subvenciona la renovación de los muebles de cocina. Y en materia de dependencia, por ejemplo, ya me dirán si es lógico que cada autonomía se lo monte a su aire y propicie la desigualdad de trato a los ciudadanos por el hecho de vivir en Úbeda o en Porto de Sanabria.