Iguales, pero menos

PACO ANTÓN Andan nuestros políticos autonómicos y los representantes empresariales más contentos que unas pascuas con una sentencia del Tribunal Europeo que declara ilegales las llamadas «vacaciones fiscales» que se instauraron en el País Vasco en la década de los 90. Esto era la exención del Impuesto de Sociedades a empresas de nueva creación y otras rebajas tributarias a las industrias que se instalasen en ese territorio, lo que no fue bien visto por las comunidades limítrofes, sobre todo, y especialmente por Castilla y León. Era evidente que estas medidas animaban a la «deslocalización», a la migración de empresas hacia emplazamientos donde encontraban mayores ventajas económicas, y así no fueron pocos los proyectos empresariales pensados inicialmente para Burgos, por ejemplo, que acabaron en la provincia de Álava. Con sólo cruzar una raya imaginaria, las empresas no tenían que pagar el mencionado impuesto durante diez años y además se ahorraban otra pasta gansa gracias a diversos incentivos añadidos. La cuestión es que estos estímulos salían de las arcas públicas (las haciendas forales también son Estado) y la legislación europea es muy estricta en la regulación de estas ayudas. Era evidente que en la práctica se daba una situación de competencia desleal, que no permitía a todas las empresas competir en igualdad de condiciones y que privilegiaba a unas sobre otras, a veces sólo separadas entre sí por unos metros. Cuando esas ventajas vascas entraron en vigor, Castilla y León acusó el impacto, pero también Cantabria o La Rioja, las más próximas, cuyos dirigentes públicos se quejaron de discriminación al quedar en clara desventaja a la hora de captar empresas y, por tanto, con el consiguiente detrimento en la creación de riqueza y de empleo. Parece que ahora se ha hecho justicia, aunque con algún retraso, porque la sentencia europea —que todavía no es firme— ha tardado más de 16 años desde que esas rebajas fiscales fueron recurridas (y nos quejamos de la lentitud de nuestro sistema judicial). El caso es que nuestro presidente regional se ha felicitado por el fallo europeo y ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de una armonización y equidad fiscal, así como los riesgos que persisten sobre la unidad económica y de mercado. Cosas del Estado de las Autonomías, uno de cuyos objetivos era generalizar las oportunidades de igualdad, y que cada día propicia más las diferencias.
Aunque en asunto menor (los hay más gordos, como las prestaciones sociales), este desequilibrio autonómico se ha vuelto a poner de manifiesto en los precios que se cobran en las distintas comunidades por pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), donde las diferencias pueden llegar hasta el 244%, según el informe publicado por la asociación de consumidores Facua. Aquí Castilla y León, los castellanos y leoneses, somos los que salimos peor parados, porque pasar la revisión obligatoria del coche o de la moto nos cuesta bastante más del doble que a los asturianos, por ejemplo, en un servicio privatizado que tiene las tarifas más elevadas de España para los vehículos de dos ruedas y las segundas más caras para los automóviles (que, además, no suelen corresponderse con la calidad del servicio que se presta). Está claro que los ciudadanos de las otras 16 autonomías tienen más facilidades económicas para cumplir la ley que nosotros, los zamoranos y castellanos y leoneses. ¿Dónde está la igualdad de todos los españoles? Podíamos comenzar por estas cosas, que por menores, no son menos importantes. Y además están al alcance de nuestros gobernantes próximos.