Las autonomías y la Constitución

GERARDO GONZÁLEZ. Los nacionalistas catalanes están azuzando el espantajo del victimismo ante la posible anulación de parte del Estatuto por el Tribunal Constitucional. Les ha ayudado en esta ceremonia plañidera una declaración mentecata, extemporánea y torpe del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. No hay estatutos por libre, ni autonomías sin la cobertura de la Constitución española. Esto es el abecé de nuestra democracia. El Parlamento catalán no es soberano para imponerme a mí su soberanía. Tanto es así que las Cortes tienen potestad para derogar una autonomía, llámese catalana, vasca, gallega, murciana o riojana. Lo quieran o no los vascos, los catalanes, los gallegos, los murcianos o los riojanos. Esta potestad no es caprichosa; se la hemos dado todos los españoles al refrendar la Constitución de 1978. De ésta dimana única y exclusivamente la legalidad de las propias autonomías. Parece mentira que haya que recordar esta obviedad. La apelación a las lecturas flexibles de la Constitución es un camelo y una impostura.
Hay cosas tan elementales que el hecho de ponerlas en tela de juicio ratifica el adagio de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pasa lo mismo con el uso político de las lenguas. Incluye Agustín García Calvo en su «Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana» un manojo de palabras que él considera propias de esta provincia frente al español oficial. Con su peculiar discurso anarquizante apela al arcaísmo como un deber revolucionario. Y así pretende recuperar vulgarismos como «dijon», «aguardái», «puson», «por mo de».
Seamos serios, porque, mientras se lanzan estas ocurrencias, en tres comunidades autónomas —País Vasco, Cataluña y Galicia— se están imponiendo con tesón implacable unas lenguas locales para sofocar el idioma oficial, es decir, el castellano. Tanto el euskera como el catalán y el gallego son lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos. Pero lo cierto es que va desapareciendo el «co» para convertirse sólo en «oficiales». Esta argucia no sólo es inconstitucional, sino que conlleva un profundo empobrecimiento cultural. Nadie tiene derecho a ser tonto.
Los nacionalistas aprovechan abiertamente y sin recato la debilidad del Estado central. Esta debilidad es su fuerza. Saben muy bien, además, que tienen en sus manos dos armas mucho más eficaces que las pistolas, las granadas y los coches-bomba: el control de la escuela y de la cultura. Es de manual que quien controla la escuela conforma el ciudadano del mañana. Con la entrega sin reparos de las competencias en educación, a los nacionalistas se les ha servido en bandeja de oro el control absoluto de la lengua y de la cultura, piezas esenciales para la configuración de las conciencias y de un Estado.
El objetivo de los nacionalistas es la etnocracia, de la que habla uno de los personajes de la novela de Jon Juaristi «La caza salvaje». Contra lo que puede parecer, la etnocracia no es el predominio de una raza sobre las demás, sino el gobierno basado en la lengua y en la cultura. Por eso, no es descabellado asegurar que vale más un negro que hable euskera que un vasco que sólo sepa castellano. Se reinterpreta así la figura del «maketo», que puede ser bueno o malo, según abrace o no el nacionalismo excluyente. Sin embargo, la realidad de quienes viven en el País Vasco o Euskadi va por otros caminos. He estado hace pocas semanas en San Sebastián. Tardé mucho tiempo en escuchar una palabra en euskera. Ni siquiera la oí cuando estuve en un mercado; tampoco en el autobús que me condujo del barrio de Amara al Boulevard. Únicamente se veían escritos vascuences en pancartas, señales de tráfico, barrios, entidades públicas, bancos, etc. Algo muy distinto he percibido en Cataluña y en Galicia, donde el catalán y el gallego han sido siempre lenguas habladas en la calle con absoluta normalidad, antes, durante y después del régimen de Franco.
Admiro y envidio a los bilingües, pero detesto a los impostores, que hacen acopio de exclusividad para alimentar trágalas y mistificaciones. Es un truco no por viejo menos perverso. ¿Pueden los catalanes proclamar por sí mismos la independencia de su territorio? No. Se la tendríamos que conceder o sancionar el resto de los españoles, que aprobamos libremente la Constitución de 1978. Éstas son las reglas del juego. Se pueden cambiar, pero con el consenso de todos los jugadores.