Justicia en España y en Europa

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLVÉ (*) España gasta en justicia pública, sin sistema penitenciario, un 0,30% del PIB/habitante, más que Francia (0,19%) o Italia (0,26%) y menos que Alemania (0,38%) o Reino Unido (0,35%). (Informe 2008 con datos 2006, de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. Cepej). Por tanto el deficiente funcionamiento de la justicia española no se debe a menos medios.
Hay 10,1 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes (sin incluir a los jueces de paz) menos que la media europea, de 19,8; Francia (11,9), Alemania (24,5), Inglaterra (11) o Italia (11). Los salarios de los jueces de entrada están en la zona media-baja y los de más categoría, en la zona media-alta y, en términos absolutos, España gasta en salarios para la justicia un 30% más que Francia.
Existen 4,6 tribunales/100.000 habitantes, Francia: 1,2; Alemania: 1,4, e Italia: 2,2. El número de funcionarios de la justicia, 40.513 (9,1 por juez o 93 por cada 100.000 habitantes) es mucho más alto que en Francia, 17.063 (2/juez; 24/100.000 hab.) o Italia, 27.067 (4,2/juez; 46/100.00 hab.). Los abogados por juez (26,2) son muy superiores a los de Francia (7,1). Alemania (6,9) o Reino Unido (3,2). El número de litigios (180/1000 habitantes) está en la media europea, pero los penales (12.078/100.000 habitantes) son ocho veces más que Francia (1.550), cinco más que Italia (2.400) o tres más que el Reino Unido (3.800) y la Justicia es totalmente gratuita sólo en Francia y España. El equipamiento informático según un índice sintético se sitúa en el grupo de países con «muy buen nivel», habiendo tres grupos inferiores: «bueno», «medio» y «débil».
Como decíamos, no parece deducirse que la escasez de medios sea la causa determinante de la ineficacia de la justicia española.
Porque sí es ineficaz: en 2008, 2,511 millones de casos sin resolver, sobre un total de 8,9 millones, el 28%, doble que la media europea, aumentando casi el 10% respecto de 2007, y las previsiones del CGPJ son aún más alarmantes: a finales de 2009, habrá 9,8 millones de casos en trámite y 3,3 millones sin resolver, 1/3 y aumento del 32% sobre 2008, empeoramiento e incumplimiento del objetivo de reducción.
Desde el respeto por todos los que se esfuerzan por una mejor justicia, sugiero que hay doble causa de esa ineficacia: la inexistencia de sistema y el exceso de abogados.
Funcionalmente debería existir un Sistema Público de Justicia con las características de todo sistema: independencia; unidad estructural, orgánica y funcional con todos sus órganos: profesionales, funcionarios, empleados, múltiples cuerpos de seguridad y de instituciones penitenciarias, asistentes sociales, etc., funcionando coordinadamente, desde una estrategia y método unitarios, con una línea de autoridad funcional, clara y única, con circuitos y flujos de información coordinados, rápidos y seguros, y para la consecución coordinada de objetivos comunes fijados por el sistema social que es quien evalúa resultados, exige cuentas y, en su caso, corrige.
Lo que parecen existir son células y profesionales nacidos y desarrollados autónomos, sin funcionar como un sistema. Algunos aspectos son muestra de ello:
—La dificultad de identificar un interlocutor «sistémico» único y responsable con el que intentar organizar y mejorar el sistema, con la complicación añadida del estado autonómico.
—El desequilibrio relativo de medios, no la carencia absoluta; pocos jueces, muchos funcionarios y muchísimos abogados.
—La paradoja de aparecer como incapaz de auto-organizarse.
—El absurdo de una «organización» en la que no parece estar claro quién es el último responsable de sus unidades funcionales: oficinas judiciales.
—La aparente contradicción de un resultado ineficaz agregando células que se auto-proclaman excelentes.
—La voluntad megalómana y medieval de considerarse por encima de cualquier funcionalidad.
—Ejemplos dramáticos como la ineficacia contra la violencia de género o la custodia de detenidos, que muestra la descoordinación de las partes; justo lo contrario de un funcionamiento sistémico.
—La tremenda lentitud, en USA, al señor Madoff, en seis meses le han sentenciado a 150 años y confiscado todos su bienes, en España delincuentes convictos de robar dinero público, salen a los 15 años y con sus bienes intocables.
—La primacía del trabajo individual sobre el trabajo en equipo, asignando recursos con largueza a actuaciones de gran impacto mediático, mientras aumenta dramáticamente la cola de asuntos no tratados con gran perjuicio social.
—La aparente inexistencia de catálogos de perfiles profesionales; de procedimientos continuos de formación teórico práctica y de evaluación de los operadores; de procesos continuos de racionalización de métodos; de protocolos de organización, jerarquización y evaluación de las relaciones funcionales y laborales entre todo el heterogéneo personal hasta considerar «extraño» controlar el trabajo y la ausencia de procedimientos de coordinación, información y función entre los diversos órganos: judiciales, policiales, penitenciarios, asistenciales; etc.
—La enorme irresponsabilidad de un sistema que siendo socialmente ineficaz y mal visto, en lugar de poner todas sus energías en mejorarse, otorga inexplicables prebendas a sus miembros, o les exculpa conductas socialmente reprobables, lo que hace perder toda confianza en una sincera política de arreglo.
—La necesidad imperiosa y acuciante de informatización de una organización cuyo nivel de racionalidad no está claro que lo permita.
Pero, además, me atrevo a señalar que puede haber otro elemento singular que paradójicamente, podría estar contribuyendo a esa ineficacia y que es el exceso de licenciados en Derecho en el sistema social y de abogados en el sistema judicial:
España tiene aproximadamente 350.000 licenciados en derecho, 1/130 habitantes; 156.781 colegiados y 118.775 colegiados ejercientes; uno por cada 380 habitantes, Alemania: 150.000, 1/600 habitantes, Francia: 45.000, 1/1.330 habitantes. Además, en buena lógica, la necesidad funcional vendrá determinada por la importancia del sistema socioeconómico, correlativo del PIB, comparando en términos de PIB, España tiene 6 veces más abogados ejercientes que Francia y entre 2 y 3 veces más que Alemania.
Una dotación intermedia entre ambos países (ambos con mayor PIB) sería: 1 abogado/940 habitantes: total 48.000; sobrarían 70.000. El 81% de ellos mismos, opinan que son demasiados (III Barómetro del Consejo General de la Abogacía Española).
Este exceso podría estar produciendo varios efectos no deseables:
—Uno general: más del 50% de los presidentes, ministros y consejeros son licenciados en derecho mientras que en la UE no alcanzan el 30%, sin llegar al politburó del gobierno chino, donde ninguno lo es. En el Congreso de Diputados suponen el 42,7% sobre el total de licenciados y el 29,4% sobre el total general. Somos una sociedad sobre-administrada y sobre-judicializada en todos sus procesos: muchos más trámites para todo, mayores dificultades para la actividad emprendedora, y tenemos un déficit de formaciones y profesiones más adecuadas para un modelo socio-económico más moderno.
—Tres efectos particulares en el «sistema» público:
-Inflación legislativa: ¿más de 25.000 leyes? Las autonomías producen 1.000 normas/año, por ejemplo: la aplicación de la directiva europea de servicios deberá anular 7.000 procedimientos —6.550 autonómicos y locales— y modificar 80 leyes estatales y 370 reales decretos.
-Provocar conflictos adicionales a los «naturales» con multiplicidad artificiosa de alternativas. El III barómetro citado menciona que la utilización de abogado aumentó de 2002 a 2008 un 41%.
-Y una hipótesis que, a la vista del exceso de letrados y la ineficacia del sistema, podría ser parte de la explicación: la carga por asunto, en cuanto a tiempo y medios empleados, es mucho mayor en España para mantener «ocupados» a más operadores jurídicos más tiempo, la productividad del sistema es claramente inferior a la media europea.
En los años 60 existían 12 Facultades públicas de Derecho; hoy más de cincuenta que producen 13.000 licenciados/año, y su creación nunca ha respondido a un estudio de prospectiva que evaluara necesidades.
Un sistema jurídico eficaz e independiente (entre el 60% y el 65% de los españoles consideran que es deficiente o muy deficiente) es un trascendental y urgente desafío para España, para el que otros modelos europeos y otros sistemas españoles eficaces, podrían servir de referencia.

(*) Presidente de Tecniberia