«Viñedos de España», un perjuicio para las bodegas zamoranas

La reaparición de la marca «Viñedos de España», que fuera anulada por la Audiencia Nacional en 2006 tras un recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra la orden del entonces Ministerio de Agricultura, ha reactivado la alarma en un sector, el vitivinícola, que ha basado en las denominaciones de origen su consolidación en los mercados interior y exterior. Por loable que sea la nueva iniciativa gubernamental para estimular un segmento de producción también tocado por la crisis, las políticas de incentivo nunca pueden dinamitar el esfuerzo realizado para consolidar un producto de calidad como han hecho los bodegueros de Toro, Arribes y Tierra del Vino o como lo siguen haciendo los de Benavente-Los Valles, a la espera de conseguir su propia la denominación de origen. El marchamo de distinción en calidad ha sido la apuesta de una tierra con recursos y producción limitada, como es Zamora, la provincia de Castilla y León con más reconocimientos oficiales a sus 14.000 hectáreas de viñedos y con más de 60 bodegas en funcionamiento.
La aprobación de «Viñedos de España» puede poner en peligro toda una estructura consagrada a marcar la diferencia. Ese paraguas bajo el que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural pretende poner a los vinos de mesa contribuirá a confundir al consumidor, sobre todo al del mercado exterior que, por cultura, está menos familiarizado con la variedad vitivinícola. Podrá ser beneficioso sólo para las bodegas que tengan un gran excedente y que consientan embotellar un producto menor. Pero ese es un caso de rara excepción entre las bodegas zamoranas, de pequeño y mediano tamaño, como es la tónica general de las empresas de la provincia. «Viñedos de España» nace como Indicación Geográfica Protegida, la misma calificación que tiene ahora el vino de Benavente-Los Valles, pero su singularidad es más que discutible. Ampara a once comunidades autónomas distintas, como distintas serán la composición de sus tierras, el agua que reciban y la clase de uva. No se aprecia en la iniciativa gubernamental las características de homogeneidad en producción y elaboración que distinguen a las indicaciones geográficas que, según la norma, deben estar claramente asociadas a territorios delimitados.
Tienen razón tanto las Denominaciones de Origen como la Junta de Castilla y León cuando califican tal creación de artificial y claramente perjudicial para un sector que convierte a la región en la cuarta de España en superficie de cultivo, con 75.000 hectáreas de viñedo, más de 500 bodegas en la industria de transformación y un volumen de ventas que supone el 6,2% de la facturación agroalimentaria regional. La inversión anual llega a los 57 millones, el 11% de toda la que se realiza en el sector alimentario, y la exportación supera los 98 millones al año. No es de extrañar, por tanto, que de nuevo Castilla y León, junto a La Rioja, encabecen el movimiento opositor a la orden ministerial que coincide con la entrada en vigor de la Organización Común de Mercado (OCM) de la Unión Europea.
Esa disposición incluye otro sistema de denominaciones unificado que hasta 2011 tendrá que convivir con las tradicionales de cada país miembro y posee, además, una importante novedad. Como se viene haciendo en España desde la Ley del Vino de 2003, serán organismos independientes de auditoría, públicos o privados, los que determinen qué vinos cumplen los requisitos para lucir la contraetiqueta de una denominación. Eso daría más opciones a los vinos españoles con DO frente a la competencia no siempre ecuánime de los franceses y otros países europeos con la misma tradición vitivinícola. Pero, por carecer de la homogeneidad exigida, será difícil que el último invento gubernamental pueda pasar con nota cualquier jurado experto.
Con respecto a la orden anulada por los tribunales, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural dice haber eliminado todas las ambigüedades en las que el juez basó que tal denominación no se atenía a derecho. A la vista de la polémica, todo apunta a que será de nuevo en el terreno judicial donde se librará la batalla de la calidad, en un momento tan delicado para la economía y con la sombra amenazadora de la regulación del mercado que supone la OCM. La acción gubernamental puede haber contribuido más a agravar la situación que a aliviar la carga de los empresarios del sector.