Destitución de una funcionaria (I)

LAURA RIVERA Viene todo esto a cuento de las reacciones ante la destitución de su puesto a una funcionaria del ayuntamiento de Zamora por parte del poder político, y su sustitución por otra persona «a dedo».
Lo primero, que los que mandan no se enteran ni de lo que les interesa, y después de armarla, se encuentran con que no les sale la jugada, y que el funcionario, competente y maravilloso, que iba a sustituirla, ha dicho que no, que no viene.
Nos quedamos sin «superfuncionario», con el puesto sin cubrir, y con el trabajo empantanado, cuando precisamente eso era lo que decía el PP que quería evitar con la destitución de la funcionaria, cuyo buen nombre y buen hacer ha sido puesto en entredicho.
Aunque la funcionaria había realizado informes en contra de la aprobación del Plan de Urbanismo total y de otros planes parciales, eso para los que mandan no era más que una anécdota que se emplea maliciosamente por la oposición para explicar la destitución. Dicen que el servicio de urbanismo no funcionaba bien, y se necesitaba alguien que lo agilizase para que la ciudad no se pare.
Ahora está todo parado, pero además, si la funcionaria era tan poco diligente, deberían haberla expedientado, pero no sólo destituirla para que siga en otro puesto acumulando papeles sin resolver ¿no?
Los representantes sindicales han reaccionado defendiendo a la funcionaria, pero no por cuestiones corporativistas. Porque esos mismos que se concentran contra la política de personal de los que gobiernan, no han dudado en censurar a otros funcionarios del ayuntamiento. Así que sus razones tendrán, más allá de la defensa obligada a los compañeros, que debería ser obligada siempre, salvo en los casos de abuso o privilegio manifiesto y demostrado.
Los que no son funcionarios y andan en la brega diaria del trabajo en la empresa privada, precario, mal pagado y con libre despido, o en el paro intermitente o permanente, esos no pueden aceptar que los funcionarios tengan el trabajo fijo, y exigen medidas disciplinarias y despidos para quienes no cumplen con su trabajo en condiciones.
Han venido más años peores y nos han hecho más ciegos, y por eso no entendemos que el puesto fijo de los funcionarios es la garantía de que las administraciones públicas van a actuar con objetividad y con legalidad. Con objetividad, porque el funcionario no tiene por qué ser del partido gobernante en cada momento; con legalidad, porque el político que manda no tiene por qué conocer las leyes, aunque deba cumplirlas cuando se lo advierte un funcionario.