Dudas jurídicas sobre el urbanismo de Zamora tras la sentencia anulatoria del Supremo

Dos semanas después de que el Juzgado de lo Contencioso de Zamora considerara nulo el convenio de colaboración entre el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Zamora para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, una nueva decisión judicial desata aún más oscuros nubarrones sobre el urbanismo de la ciudad. El Tribunal Supremo acaba de anular el planeamiento del año 2001, actualmente sometido a revisión y en período de alegaciones, lo que inaugura un período de inseguridad jurídica en torno a la actividad urbanística en el principal municipio de la provincia.
El alto tribunal ha rechazado el recurso presentado en su día por el anterior equipo de gobierno y ha ratificado, por tanto, una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba el polémico documento urbanístico porque durante la tramitación administrativa no se abrió un segundo periodo de alegaciones para adaptar el planeamiento a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, dando la razón a la reclamación planteada por varios particulares. La sentencia del Supremo, que condena en costas al Ayuntamiento de Zamora, era de esperar y no ha sorprendido a casi nadie. Había pocas posibilidades de que los magistrados asumieran las razones del Ayuntamiento para justificar que se obviará el preceptivo período de alegaciones cuando tuvo lugar el trámite administrativo de adaptación del PGOU a la nueva normativa regional. El equipo de Gobierno de Rosa Valdeón, heredero y pagano de una decisión errónea de quienes le precedieron, esgrime ahora la evidencia de que el alto tribunal podía pronunciarse en este sentido para justificar sus prisas en aprobar la revisión del Plan General, encargada al Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid contra la opinión de los partidos en la oposición municipal.
Esa urgencia en aprobar la revisión del PGOU, reclamada por empresarios y sindicatos que veían en el retraso de la entrada en vigor del nuevo planeamiento un mal síntoma para la necesaria reactivación del sector de la construcción, principal motor de la economía y del empleo durante los últimos años en la ciudad, no puede justificar, sin embargo, que la contratación del equipo redactor no tuviera en cuenta los principios de competitividad, publicidad y libre concurrencia. De igual forma, las prisas actuales del equipo de gobierno por sacar adelante la revisión del Plan anulado por los tribunales —aprobado inicialmente en sesión plenaria gracias al apoyo de los independientes de Adeiza— podrían ocasionar en un futuro próximo una catarata de reclamaciones judiciales contra una situación de clara excepcionalidad.
El PP cuenta con el apoyo de la Junta para sacar adelante el PGOU en aprobación inicial pese a la sentencia del Supremo y asegura que la anulación del planeamiento de 2001 no supone que se invalide la revisión que se lleva a cabo en la actualidad, pero nadie garantiza que, tras el pronunciamiento del alto tribunal, no haya que retrotraerse legalmente al plan urbanístico de 1986.
No existe unanimidad entre los expertos acerca de la mejor salida del atolladero por la suspensión judicial de la normativa urbanística. Para algunos, resulta imprescindible que el PGOU actualmente en exposición pública se apruebe en un plazo máximo de dos meses, antes de la previsible ralentización municipal veraniega, para superar un vacío legal de nefastas consecuencias económicas para un sector como el inmobiliario, ya prácticamente en parálisis absoluta por culpa de la grave recesión económica. Se trataría, de cualquier forma, de una solución de urgencia y a corto plazo, ya que supondría la revisión de un planeamiento anulado, la modificación de algo que no existe. La vía transitoria que pretende el Ayuntamiento, aprobando con la mayor celeridad la revisión del PGOU puede dar lugar a litigios que ocasionen nuevas sentencias anulatorias de aspectos parciales de la norma actualmente en revisión.
Mientras tanto, una plataforma social liderada por el Foro Ciudadano de Zamora ha iniciado una campaña de recogida de firmar contra el planeamiento urbanístico que el equipo de gobierno, con la aquiescencia de los sectores empresariales implicados, pretende agilizar, pese a las dudas jurídicas que esta decisión genera.
En esta tesitura, no parece caber salida más airosa que la redacción de un nuevo PGOU, a la vista de que el urbanismo se ha convertido en la principal arma arrojadiza de la vida municipal y en fuente permanente de conflicto. Un nuevo plan basado en el consenso político y en un acuerdo de mínimos pactado por los distintos grupos municipales; ardua tarea, a la vista del grave enconamiento que sufre de un tiempo a esta parte el debate político local, pero absolutamente necesaria para sacar al urbanismo de la capital del callejón sin salida en que se encuentra.