Castilla y León y el nuevo modelo de financiación autonómica

Las nuevas exigencias de Cataluña sobre financiación autonómica han vuelto a destapar la caja de los truenos del enfrentamiento entre regiones por cuanto suponen un atentado contra la solidaridad territorial que consagra la Constitución española. La exigencia catalana de una reformulación de la propuesta presentada el pasado 30 de diciembre por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, lo que en la práctica supondría más fondos del Estado para esa comunidad, equivaldría a una mayor desigualdad entre los territorios autonómicos y afectaría muy negativamente a Castilla y León, y por tanto también a la provincia de Zamora.
No soplan buenos vientos para nuestra comunidad, en una época de fuerte recesión económica y con la espada de Damocles de la nueva financiación autonómica pendiendo sobre la maltrecha economía regional. A la vista del nuevo modelo financiero que propugna el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Castilla y León sólo saldría beneficiada en dos de las nueve variables de la ecuación del reparto: la dispersión de la población y el envejecimiento. El resto de los factores que se tendrán en cuenta -menor financiación per cápita, mayor esfuerzo fiscal, mayor densidad de población, población escolar?- resultan desfavorables a los intereses de nuestra comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 83.6 que la superficie, la dispersión, la baja densidad demográfica y el envejecimiento deben ponderarse adecuadamente en el reparto de los recursos del sistema. La Administración regional pretende que el Gobierno prime de manera destacada esas variables, al considerar que están infravaloradas en el nuevo modelo de financiación autonómica, al tiempo que exige que el coste de la aplicación de la Ley de la Dependencia se incluya en el modelo, en la medida en que se trata de uno de los pilares del Estado del Bienestar. Es lógico que regiones tan envejecidas como la nuestra reclame del Gobierno criterios objetivos de ponderación, ya que el coste sanitario de una persona mayor de 75 años equivale al de siete jóvenes de 14 años, de acuerdo con datos que aparecen en los informes oficiales de los ministerios de Economía y Hacienda y Sanidad elaborados a petición de Rodríguez Zapatero tras la II Conferencia de Presidentes. La población envejecida de Castilla y León, unida a una cada vez más baja natalidad, requiere de recursos para frenar la constante huida de jóvenes a otras regiones. No es de recibo favorecer de una forma tan descarada a las economías más solventes, como la catalana, otorgándole mayor autonomía fiscal y financiera, perjudicando a la vez en el reparto a las economías más endebles, como la castellano-leonesa. El Gobierno no puede olvidar que para que el sistema de reparto sea justo ha de proporcionar a todas las comunidades autónomas los recursos necesarios para ejercer sus competencias en un marco de solidaridad e igualdad entre todos los españoles, tal como señala el artículo 156 de la Constitución. En otras palabras, el sistema debe otorgar a todas las administraciones autonómicas la financiación necesaria para prestar los servicios públicos en igualdad de condiciones, y a partir de esta base común, que cada cual gestione después sus recursos en base a su autonomía fiscal y financiera. La propuesta planteada por el Gobierno apunta en sus aspectos más relevantes a un modelo asimétrico, alejado de la lógica de la solidaridad interterritorial. Limitar esta solidaridad a los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales-, que pasan a ser los únicos en los que se garantiza la igualdad entre ciudadanos de cualquier parte del país mediante el fondo de garantía, supone una descarada cesión a la exigencia del Estatuto catalán de la llamada «nivelación parcial», que en la práctica supone que las autonomías que más recauden dispondrán finalmente de más recursos. También ha de concretar el Gobierno cómo realizará el reparto de ese gran fondo, que requerirá estudios muy pormenorizados de costes de los servicios que permitan llevar a cabo una distribución objetiva. Sin unos criterios claros y objetivos, factores diferenciales claves en Castilla y León como son el envejecimiento o la dispersión de la población, de enorme peso en el coste de la prestación de la sanidad o los servicios sociales, tenderán a difuminarse. Ha de explicar también el Gobierno con claridad cómo va a conseguir que todas las comunidades autónomas obtengan más recursos del Estado justo en un año de déficit público. Cualquier propuesta que debilite gravemente al Estado, como este reparto claramente insolidario de los fondos públicos que prima a las regiones ricas, debe ser rechazada por las más desfavorecidas, pues es justamente el Estado el garante último de la igualdad y la solidaridad.