Cada cual sigue en lo suyo y por ahí anda Zapatero reiterando que la difícil situación económica, que el presidente sigue renuente a denominar crisis como todo el mundo hace, no hará que el Gobierno recorte sus presupuestos sociales a favor de quienes más lo necesitan por mucho que el PP llame a esta política gastos suntuarios. Bien está lo de mantener la prioridad social pero es que ahora resulta que la ley de dependencia ha desbocado también las cifras con las que se contaba, añadiendo un nuevo problema financiero por si ya hubiese pocos a los que enfrentarse.
La ley de ayuda a las personas dependientes ha sido una de las leyes estrella del Gobierno del PSOE durante la pasada legislatura. Pese a chocar con los impedimentos políticos de algunas autonomías regidas por el PP hay que reconocer que es una norma positiva, humanitaria y avanzada, que fue acogida y esperada con la máxima expectación. Supone una ayuda económica y atención personal para aquellos discapacitados que dependen de otro ser humano para poder sobrevivir en condiciones dignas, y supone también la creación de una red de asistencia que puede generar mucho empleo. Pero el caso es que el número de beneficiaros supera todas las previsiones que se hicieron con anterioridad y aunque el Gobierno asegura que los fondos precisos están garantizados, las comunidades autónomas, que han de aplicar la ley, se quejan de que el dinero comprometido no es suficiente por lo que reclaman un aumento del presupuesto, en especial de cara a los próximos ejercicios.
Hasta finales de junio del presente año se habían presentado casi medio millón de solicitudes para la obtención de ayudas, de las cuales y hasta esa misma fecha ya habían sido reconocidas algo más de trescientas mil. Y es de ahí, de esa cifra de peticionarios, de donde surgen las dificultades que no están poniendo de acuerdo al Gobierno de la nación con los Gobiernos regionales por más que oficialmente se insista que, aunque se reconoce el crecimiento del número de dependientes por encima de lo calculado, se mantendrán los mismos compromisos presupuestarios. Lamentando, eso también, el retraso en la aplicación de la norma, del que culpa a las comunidades.
De modo que se lo han puesto fácil al PP que rápidamente ha salido a la palestra para replicar que más valía que esos 300 millones de euros que de entrada se van a invertir en comprar suelo privado con dinero público se empleasen en aumentar la financiación para el sistema de atención a dependientes. Y no es demagogia, sino que tienen los populares toda la razón en este asunto, en el que se ven apoyados por una opinión mayoritaria de la sociedad que rechaza la encubierta ayuda gubernamental a un sector que ha acumulado inmensas riquezas en los años precedentes y que en tiempos de vacas flacas pide que le saquen las castañas del fuego. Las críticas contra esta torpe medida del Gobierno, que no ha sabido resistir las presiones, se suceden, incluso en los medios más afines. Tantos errores del PSOE puede que comiencen pronto a pasarle factura. Habrá que esperar a ver las próximas encuestas.
