JUAN JESÚS RODERO.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acabado de regresar de Brasil y a punto de volver a Cuba -pero ¿qué hace esta gente gastándose el dinero público en viajes sin sentido e innecesarios?- ha hecho unas declaraciones muy duras, y en las que no se ha cortado un pelo, en las que arremetía contra el ministro Solbes, al que calificó de nefasto, por su proyecto de financiación autonómica, que según el dirigente regional del PP beneficiará a las comunidades más ricas.
Ya puesto, y en tono muy indignado, según se cuenta, Herrera aseguró que el procedimiento preconizado es un engaño, una trampa, que pone de manifiesto que el Gobierno de Zapatero no tiene en cuenta las necesidades de cada territorio y cada ciudadano, ni por tanto la igualdad que garantiza la Constitución Española. Siguió precisando que alzará su voz, al igual que otros presidentes autonómicos, se supone que del PP, porque no están dispuestos a dejar pasar ni una ni en el seno de su propio partido, algo que queda muy bien, pero que no se cree nadie. En la misma línea crítica, aunque más comedidamente, se expresó con posterioridad la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que reclamó de la misma manera iguales servicios para todos los ciudadanos al margen de la comunidad en la que vivan, sin que en el sistema de financiación influyan los colores políticos y sí, en cambio, los factores poblacionales como la extensión y el grado de envejecimiento y dispersión.
En realidad, el asunto lleva un tiempo alimentando la polémica y según van las cosas lo más fácil es que así continúen pues, como pasa siempre que se quiere contentar a todos al final no se satisface a nadie o a casi nadie. Algunas autonomías se quejan de que han de soportar el peso de la solidaridad debida e impuesta a otras regiones y han manejado fórmulas distintas. La mayoría, sin embargo, continúa quejándose de que los sistemas de financiación benefician a las comunidades más ricas. Y así se está, porque tampoco el plan presentado por Solbes ayuda mucho a despejar dudas, aunque parta de atender las reclamaciones de los más poderosos económicamente sin que ninguna región se sienta perjudicada y pueda cubrir todas las transferencias recibidas no sólo la sanidad y la educación como egoístamente se pretende desde Cataluña y otros territorios apuntados a la fórmula.
La financiación autonómica debe lograrse con el consenso, sin excepción, de todas las comunidades y teniendo como base inexcusable la justa igualdad entre todas las regiones y sus ciudadanos. En eso tiene razón Herrera y no se debe ceder ni un paso. Claro que luego convendría que estos principios básicos de solidaridad se mantuviesen igualmente entre las provincias que componen cada autonomía, pues bien se sabe que no ocurre así. En Castilla y León, de las nueve provincias, la mayor parte de ellas se siente discriminadas con respecto al trato que reciben Valladolid y Burgos. Y en las provincias, hay muchos municipios que se notan marginados por su color político. Así que todos deberían aplicar luego en sus dominios los criterios que tan razonablemente propugnan.