El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, han presentado una querella contra Ana Rosa Quintana y los dos cámaras de Telecinco que captaron los mensajes que se intercambiaron a finales de enero en un acto en Bruselas. En ellos, Puigdemont aseguraba al exconsejero que estaba "sacrificado", "esto se ha terminado", que "el plan Moncloa triunfa" y que vivían "los últimos días de la Cataluña republicana".

"Hemos presentado una querella ayer ante un juez de instrucción de Lovaina en nombre de Carles Puigdemont y Toni Comín por violación de la vida privada contra los dos cámaras y Ana Rosa por filmar y difundir mensajes de su smartphone el 31 de enero", ha explicado a Europa Press el abogado Christophe Marchand, que forma parte del equipo jurídico que representa al expresidente y exconsejeros catalanes en Bélgica.

"Se firmaron durante 50 minutos mensajes privados que el presidente ha intercambiado con Toni Comín", ha denunciado el abogado, que ha recordado que captar y difundir "comunicaciones privadas" sin "autorización" de las partes constituye "un delito según el Derecho belga" de "atentado de la vida privada", castigado con "penas de prisión de entre seis meses a un máximo de tres años".

Marchand ha asegurado que "el objetivo no es meter a periodistas en la cárcel" sino "subrayar la importancia de la vida privada", al tiempo que ha afeado debido a la gran atención mediática en torno al caso de Puigdemont "los medios españoles a veces han actuado en violación de los principios básicos de la deontología periodística".

"Tenemos a personas que están en Bélgica como refugiados, en el exilio, que están en situación bastante vulnerable, que son objeto de una presión mediática muy importante", ha incidido.

El letrado belga, que no ha podido anticipar cuándo el Tribunal de Lovaina citará a las partes demandadas, algo "en manos del juez de instrucción", ha dejado claro que "los periodistas tienen derecho de informar cómo quieren, pero dentro de los límites marcados" y ha insistido en que "robar informaciones" constituye "una violación de la ley penal". "Se necesita un consentimiento libre, claro y evidente. No fue el caso aquí", ha recordado.