20 de octubre de 2017
20.10.2017
Desafío independentista

La juez ordena investigar las llamadas de Trapero, Sànchez y Cuixart

Pide que se identifiquen los números de teléfono y el listado de llamadas y mensajes de texto

21.10.2017 | 11:19
Josep Lluís Trapero a su llegada a los juzgados.

La juez Carmen Lamela ha pedido este viernes un informe sobre las llamadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el resto de investigados por sedición, la intendente de este cuerpo Teresa Laplana y los presidentes de ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium, Jordi Cuixart, ambos en prisión.

En su petición a la Guardia Civil para conocer ese tráfico de llamadas, notificada en un auto, la juez de la Audiencia Nacional pide que se identifiquen los números de teléfono de los cuatro investigados y que se solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes de texto emitidos también esos días, entre el 15 de septiembre y 2 de octubre.

La juez quiere conocer con qué personas y si entre ellos mismos establecieron comunicaciones, así como el tiempo que se prolongaron y otros datos de interés relevantes para la investigación, han informado fuentes jurídicas.

Según lo investigado hasta ahora por la Guardia Civil en esta causa, el día que se produjo el asedio a los agentes del instituto armado, durante un registro a la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre, el líder de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, hizo una llamada a Trapero para ponerle en contacto con un miembro de la Guardia Civil.

En el marco de estas nuevas diligencias de investigación, Lamela pedía el martes a los Mossos la identificación de los agentes que intervinieron en el dispositivo para impedir el 1-O, así como que aportaran el número profesional (TIP) de los policías desplegados ese día y qué actuación llevaron a cabo para evitar la votación.

Hoy, también a petición del fiscal, la magistrada ha comunicado oficialmente a la Consejería de Interior de la Generalitat las medidas cautelares que acordó el lunes para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de que la Fiscalía pidiera su ingreso en prisión sin fianza.

Lamela ha acogido así la petición que le hizo ayer en este sentido la Fiscalía, que solicitó que se notificara al Departamento de Interior de la Generalitat el auto en el que se acordaron esas medidas cautelares -comparecencias quincenales, entrega de pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono-, "a los efectos legales que sean oportunos".

En contra del criterio de la Fiscalía, la juez optó el lunes por adoptar para Trapero unas medidas más leves que la prisión, mientras que ordenó encarcelar de forma provisional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas a los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Precisamente hoy, a instancias de la Fiscalía y atendiendo a la petición que en este sentido hizo la Guardia Civil en su último atestado, Lamela ha requerido información bancaria y financiera de ANC y Òmnium a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Solicita todos los datos relativos a las cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques, transferencias relacionadas con esas entidades, así como la identificación de los titulares y autorizados en esas operaciones bancarias.

En cuanto a las transferencias, Lamela pide también que se identifique la cuenta de origen y destino y el titular de las mismas, en virtud a la normativa sobre el blanqueo de capitales.

Con esta información, el instituto armado pretende conocer "los movimientos existentes desde la fecha de apertura hasta la fecha de recepción del mandamiento", sin perjuicio de que se puedan tomar futuras medidas contra las asociaciones.

Fuentes fiscales descartaron que el Ministerio Público pidiese próximamente la imputación de ANC y Òmnium Cultural en tanto que las personas jurídicas no pueden ser investigadas por un delito de sedición.

Sin embargo, también reconocieron que se está investigando a las asociaciones para ver si han sido utilizadas con fines ilegítimos y delictivos que pudieran derivar en una suspensión de actividades, del mismo modo que se hizo en su momento con organismos del entramado etarra tras probarse su integración en la organización terrorista como fue el caso de Batasuna, entre otros.

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