22 de julio de 2017
22.07.2017
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Referéndum de independencia

¿Cómo vigilará el Gobierno las cuentas catalanas?

Contempla pedir responsabilidades a los funcionarios encargados de certificar los gastos

22.07.2017 | 17:13
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Las medidas del Gobierno

  • La Generalitat deberá elaborar un informe semanal -y no mensual, como hasta ahora- de todos los pagos realizados. El informe deberá ser enviado que deberán enviar al interventor general.
  • La falsedad en la documentación remitida al Estado podría conllevar responsabilidades "contables y/o penales" para los funcionarios encargados de tramitarlas.

El Boletín Oficial del Estado recoge este sábado la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre.

La medida, cuya entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio.

La decisión gubernamental fue anunciada este viernes por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha explicado que se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal".

Fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que el objeto de la medida no pretende en ningún caso la suspensión de las transferencias del FLA a Cataluña --cuyas condiciones seguirán siendo las mismas-- sino que hace hincapié en la necesidad de que los funcionarios y trabajadores de la Generalitat de Catalunya informen de cada una de las facturas y gastos aprobados por el gobierno autonómico.

Así, la nueva medida impone la obligación de remitir, en lugar del informe mensual que se reclamaba hasta ahora, un informe de manera semanal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo menos hasta que "desaparezca la situación de riesgo para el interés general" de los catalanes.

El mecanismo puesto en marcha implica que los interventores de las respectivas consejerías y las entidades sometidas a función interventora, así como los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat deberán elaborar un informe detallado de todos los pagos realizados que deberán enviar al interventor general de la comunidad autónoma.

Con todos estos datos, el interventor general remitirá todos los miércoles el certificado final al ministerio con los certificados individuales en el anexo. Además, desde Hacienda explican que la falsedad en las facturas o pagos acreditados en dichos informes podría suponer la exigencia administrativa de responsabilidad "contable y/o penal" a los funcionarios encargados de certificarlos, como responsables por el uso de recursos públicos para "financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales", independientemente de si estos fondos proceden o no del FLA.

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