20 de julio de 2017
20.07.2017
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Comisión de Justicia

El Gobierno ya no concede indultos a corruptos

Desde 2016, tampoco lo reciben los condenados por violencia de género o delitos contra la seguridad vial

20.07.2017 | 15:32

El Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en el último año y medio, por la especial "repulsa" que generan en la opinión pública y la "sensibilidad social" que existe hacia el ejercicio del indulto.

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ha dado cuenta de estos datos ante la Comisión de Justicia del Congreso en cumplimiento con el mandato legal introducido en la reforma del Código Penal de 2015, que obliga al Gobierno a informar semestralmente de los indultos concedidos y denegados.

Entre los 27 indultos concedidos en 2016, de un total de 3.774 solicitudes, y los 20 en lo que va de año, de 1.943 peticiones, no existe ninguno a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial, Hacienda Pública ni lesa humanidad.

Además, ha destacado la reducción progresiva de los indultos concedidos, al pasar de una media anual de 400 en los últimos diez años a los 27 del pasado año, es decir, un porcentaje que ha pasado del 11,26 % de 2007 al 0,72 % de 2016, del total de solicitudes.

El Gobierno no ha entrado a valorar esta reducción, pero sí ha destacado que al tratarse de un "acto político", que supone una interferencia en otro poder del Estado, "la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible", en consonancia con la "realidad social" del momento, que, ha recordado, "es cambiante".

De esta forma, las condenas por delitos contra la salud pública acaparan la mayor parte de las solicitudes e indultos concedidos, ya que se valora la rehabilitación del penado, y ha añadido que se indultan más a mujeres que hombres "por la menor gravedad de su conducta delictiva y el menor número de delitos".

Tras mencionar que el Gobierno hace "un uso extremadamente cauteloso" de esta medida de gracia, ha defendido que el Ejecutivo sí que explica- tras las críticas de Podemos- las razones concretas por la cuales accede a su concesión, como son la antigüedad, la reinserción o la menor gravedad de los hechos.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no puede figurar todo porque eso afecta a la intimidad de las personas, del mismo modo que ha subrayado que las desestimaciones no tienen publicidad alguna por el mismo motivo.

La presentación de este informe del Ministerio coincide con la tramitación de una proposición de ley del PSOE que pide reformar la norma que regula el derecho de gracia, que data de 1870, e incorporar la prohibición del indulto a los condenados por delitos de corrupción y violencia machista.

Al respecto, la subsecretaria ha manifestado el apoyo del Gobierno, si bien ha precisado que se puede ampliar el catálogo de delitos excluibles del indulto, aunque no ha detallado cuáles.

En líneas generales, los grupos han valorado los datos ofrecidos, aunque algunos han criticado el retraso de dos años en presentarse el Congreso, que Justicia ha justificado por el año que el Gobierno estuvo en funciones y porque "parecía lógico" que, si la ley obliga a presentarlo cada seis meses, "hacerlo en el semestre de un año natural".

Sin apenas críticas del PSOE y Ciudadanos y con el apoyo del PP por la "transparencia" del Gobierno, Podemos ha centrado las principales críticas en la comisión, al cuestionar el "enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías" de Semana Santa "en un estado laico" y la medida de gracia concedida a seis empleados públicos condenados por prevaricación.

Pero la subsecretaria ha querido dejar claro que las cofradías no tienen ningún privilegio y que las solicitudes las pueden hacer asociaciones, penados o familiares; mientras que en el segundo caso ha asegurado que no eran casos de corrupción política, como entiende el Ejecutivo, porque no hubo enriquecimiento personal.

Eso sí, no se ha pronunciado sobre los casos pendientes de la presidenta de SOS Bebés Robados Almería, María Ascensión López, que acusó a una monja de haber organizado su robo; ni de Andrés Bódalo, exedil de la formación condenado a tres años por agredir a un concejal socialista, ambos planteados y respaldados por Podemos.

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