13 de junio de 2017
13.06.2017
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Debate soberanista

El fiscal lleva al TSJC el anuncio del referéndum de Cataluña

Amplía su querella contra Borràs por la compra de urnas para incluir la convocatoria del plebiscito

13.06.2017 | 20:07
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha ampliado su querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la licitación de la compra de urnas, para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont.

En su escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía considera que aunque el anuncio de Puigdemont no ha "venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable" es "indudable" que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.

La Fiscalía presentó el pasado 16 de mayo una querella contra Borràs y su secretario general, Francesc Esteve, al entender que el anuncio de licitación para la compra de urnas -publicado el 9 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC)- suponía una "puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista".

Antes de que el TSJC haya decidido si admite a trámite la querella, el ministerio público ha remitido un escrito a la sala en el que amplía la denuncia, para incluir en la misma el anuncio efectuado el pasado viernes por Puigdemont de que el 1 de octubre se celebrará un referéndum en Cataluña con la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?".

En su escrito, el ministerio público pide al TSJC que tenga en cuenta los hechos ocurridos en los últimos días y le urge a adoptar una "pronta resolución a la vista del curso de los acontecimientos".

Según razona la Fiscalía, desde que se interpuso la querella "se han sucedido determinados acontecimientos" que refuerzan su tesis de que "la iniciación de los trámites para la adquisición de las urnas por parte de la Consellería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda no tiene otra finalidad que utilizarlas en la realización del aludido referéndum para la secesión".

"Así, debe resaltarse el anuncio hecho público el pasado viernes día 9 por el presidente de la Generalitat de su firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al gobierno que preside y del que forma parte la querellada Meritxell Borràs, de llevar a cabo el aludido referéndum (...)", destaca el ministerio público.

Para la Fiscalía, "más allá de que dicho anuncio no haya venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable, es indudable que resulta un dato de enorme trascendencia en orden a ponderar el empleo ilícito del material a suministrar".

Asimismo, insiste la Fiscalía, el anuncio "solemne" del referéndum "se completa con el acto político celebrado dos días más tarde", el pasado domingo, organizado por las entidades soberanistas ANC, AMI y Òmnium Cultural que, recuerda el escrito, "contó con la participación de la querellada y del resto de gobierno de la Generalitat, y en el que reafirmaron la decisión adoptada el viernes".

"De ambos actos se han hecho cumplido eco los medios de comunicación, tratándose por tanto de hechos notorios", recuerda la Fiscalía Superior de Cataluña.

Resalta además en su escrito que el procedimiento de licitación para la adquisición de urnas "ha avanzado en su tramitación" y al mismo han concurrido dos empresas, Suministros Integrales Futbida S.L. y Plastic Express S.L..

Esas dos empresas, advierte el ministerio público, "podrían, con su intervención, facilitar los fines pretendidos por los querellados y participar, como destinatarios finales de los fondos públicos, en la realización de un gasto ilícito".

La Fiscalía Superior de Cataluña recuerda en su querella que, en varias resoluciones, el Tribunal Constitucional "se ha pronunciado de forma tajante y contundente" sobre un eventual referéndum de independencia, "en el sentido de considerarlo radicalmente contrario a la Constitución Española y al ordenamiento que emana de ella"

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